La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.
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EL PRO PERONISMO HACE DENUNCIAS
Los principales referentes de Unión-PRO, Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá, denunciaron que el oficialismo está llevando adelante una campaña de “agresiones y trampas”, entre las que incluyeron la decisión del magistrado electoral de impugnar a cinco de sus candidatas.
El juez federal Manuel Blanco objetó, el viernes pasado, las presentaciones de las postulantes Claudia Rucci (3ª en la lista), Silvia Majdalani (7ª), Natalia Gámbaro (10ª), Silvia Lospennato (22ª) y Ana María López (29ª) por no acreditar domicilios con una antigüedad de dos años en territorio bonaerense.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que estaba sorprendido porque “ahora resulta que el mismo juez que tiene una amplitud sorprendente para avalar las candidaturas testimoniales, o truchas, del oficialismo se pone absolutamente riguroso en exceso” con los requisitos pedidos a las postulantes de Unión-PRO.
Por su parte, De Narváez dijo que la decisión “tiene como trasfondo el miedo de Néstor Kirchner a perder las elecciones del 28 de junio”. Al tiempo que denunció que entre las trampas urdidas por el oficialismo se encuentra la presentación de una lista “trucha”, cuyo primer candidato es Fernando Narváez “con muchos recursos, que este señor nunca tuvo, para confundir a los electores” y hechos de violencia como el incendio de dos locales y una gigantografía de la alianza en el camino a La Plata.
En tanto, Claudia Rucci concurrió ayer al juzgado federal de La Plata para dejar una serie de documentos que demostrarían que tiene residencia en el distrito bonaerense.
“Vinimos con más pruebas de las que ya habíamos presentados oportunamente al juez Blanco para que revea la situación él, o lo eleve a la Cámara lo más rápido posible”, señaló Rucci al ingresar al edificio de calle 8, entre 50 y 51, de la capital provincial.
La candidata contó que ya había entregado “facturas de gas, de luz y la matrícula de la escuela del (hijo) más chiquito”, y agregó que “ahora estamos presentando algo que oportunamente el juez me había dicho y yo no pude conseguir, que son las guías telefónicas en papel de los años 2007 y 2008, y además conseguimos de 2003 a 2006”.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, tomó distancia de la decisión del juez platense y negó cualquier “injerencia” del Gobierno sobre sus fallos: “De ninguna manera tiene que ver con intencionalidad o injerencia del oficialismo en la Justicia”.
Randazzo aclaró que “ésa no es la intención, nada más alejado de un ataque personal a Claudia, con el dolor (que tiene) de haber perdido a su padre”, en alusión al asesinado líder de la CGT José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973.
El segundo candidato del justicialismo disidente, Felipe Solá, dijo que el reclamo de la Justicia “parece una exigencia demasiado dura para un juez que ha habilitado directamente las candidaturas testimoniales de una manera muy discutible”. El ex gobernador bonaerense aseguró que Rucci ofreció “más de 50 testigos y ha llevado facturas de luz y de gas de años anteriores, pero no se los aceptan”.
Para el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se está desarrollando una campaña de “agresiones”, de “trampas”, de “falta de diálogo” y de “cosas raras en el tema de las candidaturas”. Macri lamentó que “ahora, sin tiempo, minutos antes de que cierren todos los plazos, nos dicen que faltan los papeles y nos ponen en una situación de proscripción límite”.
El juez federal Manuel Blanco objetó, el viernes pasado, las presentaciones de las postulantes Claudia Rucci (3ª en la lista), Silvia Majdalani (7ª), Natalia Gámbaro (10ª), Silvia Lospennato (22ª) y Ana María López (29ª) por no acreditar domicilios con una antigüedad de dos años en territorio bonaerense.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que estaba sorprendido porque “ahora resulta que el mismo juez que tiene una amplitud sorprendente para avalar las candidaturas testimoniales, o truchas, del oficialismo se pone absolutamente riguroso en exceso” con los requisitos pedidos a las postulantes de Unión-PRO.
Por su parte, De Narváez dijo que la decisión “tiene como trasfondo el miedo de Néstor Kirchner a perder las elecciones del 28 de junio”. Al tiempo que denunció que entre las trampas urdidas por el oficialismo se encuentra la presentación de una lista “trucha”, cuyo primer candidato es Fernando Narváez “con muchos recursos, que este señor nunca tuvo, para confundir a los electores” y hechos de violencia como el incendio de dos locales y una gigantografía de la alianza en el camino a La Plata.
En tanto, Claudia Rucci concurrió ayer al juzgado federal de La Plata para dejar una serie de documentos que demostrarían que tiene residencia en el distrito bonaerense.
“Vinimos con más pruebas de las que ya habíamos presentados oportunamente al juez Blanco para que revea la situación él, o lo eleve a la Cámara lo más rápido posible”, señaló Rucci al ingresar al edificio de calle 8, entre 50 y 51, de la capital provincial.
La candidata contó que ya había entregado “facturas de gas, de luz y la matrícula de la escuela del (hijo) más chiquito”, y agregó que “ahora estamos presentando algo que oportunamente el juez me había dicho y yo no pude conseguir, que son las guías telefónicas en papel de los años 2007 y 2008, y además conseguimos de 2003 a 2006”.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, tomó distancia de la decisión del juez platense y negó cualquier “injerencia” del Gobierno sobre sus fallos: “De ninguna manera tiene que ver con intencionalidad o injerencia del oficialismo en la Justicia”.
Randazzo aclaró que “ésa no es la intención, nada más alejado de un ataque personal a Claudia, con el dolor (que tiene) de haber perdido a su padre”, en alusión al asesinado líder de la CGT José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973.
El segundo candidato del justicialismo disidente, Felipe Solá, dijo que el reclamo de la Justicia “parece una exigencia demasiado dura para un juez que ha habilitado directamente las candidaturas testimoniales de una manera muy discutible”. El ex gobernador bonaerense aseguró que Rucci ofreció “más de 50 testigos y ha llevado facturas de luz y de gas de años anteriores, pero no se los aceptan”.
Para el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, se está desarrollando una campaña de “agresiones”, de “trampas”, de “falta de diálogo” y de “cosas raras en el tema de las candidaturas”. Macri lamentó que “ahora, sin tiempo, minutos antes de que cierren todos los plazos, nos dicen que faltan los papeles y nos ponen en una situación de proscripción límite”.
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1 comentario:
Esta buenísimo que se protejan estos lugares naturales tan bellos que tiene este país!! Desde que llegue acá, y me instale en un apartamento en buenos aires, vi que hay muchísimas organizaciones que se dedican a eso. La verdad, es admirable!!!
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