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lunes, 19 de marzo de 2012

che boludo no son camaras de SEGURIDAD SON DE VIGILANCIA..LO DICE EL JUEZ*



“No son cámaras de seguridad, son de vigilancia”

Con esta expresión se refirió el Juez Luis Arias acerca del debate por las cámaras de seguridad dentro de las escuelas. El titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº1 prohibió a fines del 2011 la colocación de las mismas, pero recientemente la Municipalidad de La Plata anunció que apelará el fallo. El mismo también fue apelado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya que la medida prohíbe a la policía sacar fotos de menores con el fin de crear prontuarios ilegales.

Un año atrás, cuatro cámaras de seguridad eran instaladas en la Escuela Primaria Nº 22, ubicada en las calles 23 y 76, luego de que el establecimiento sufriera una serie de robos. La instalación fue impulsada por la Municipalidad de La Plata a través del Consejo Escolar y el MOPU – Monitoreo Público Urbano-y consistía en tres cámaras en los accesos al edificio además de una en el patio. A mediados de 2011, el Consejo Escolar aspiraba a expandir el programa, señalando que se colocarían cámaras en 26 escuelas. La medida condujo al Defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, a exigir la prohibición de las cámaras de seguridad dentro de los establecimientos educativos al considerar que violan pactos internacionales que protegen el derecho a la intimidad de niños y niñas.

En su presentación, Axat aseguró que “la utilización de dichos dispositivos fílmicos posee claras consecuencias punitivas y configura una práctica invasiva” según consta en el fallo. En entrevista con Indymedia, el Juez indicó que “nadie tiene derecho a hacer uso de las imágenes de las personas sin su autorización, y tampoco en la vigilancia de las escuelas”, explicando que no hay legislación al respecto.

En su edición del 5 de marzo de 2012, el diario local El Día, afirmó que Arias “prohibió la instalación de cámaras de seguridad en ‘accesos e inmediaciones’ de las escuelas”, a pesar de que el fallo sólo hace referencia al interior de los establecimientos educativos. El Juez señaló que “respecto a las cámaras en los lugares públicos, uno puede estar de acuerdo o no, pero no se ha discutido”. En relación a su pronunciamiento indicó que “la escuela no es un lugar publico, solo tiene admisión la comunidad educativa y las personas que tienen a cargo la vigilancia de los alumnos son precisamente los docentes y los auxiliares, y esta actividad humana no puede ser suplida por dispositivos técnicos que no son administrador ni por docentes ni auxiliares.”

Mientras las cámaras de seguridad se expanden en la ciudad de la mano del oficialismo, Arias desestima la verdadera capacidad de las mismas. “Siempre se acude a las soluciones fáciles y no de fondo, y nos quieren hacer creer que estas camaritas van a poder solucionar los graves problemas de inseguridad que nos aquejan”, acusó. En este sentido, marco posición sobre el fenómeno: “Me parece que esto obedece mas a modas, a la explotación de los miedos colectivos, a veces con fines económicos, no nos olvidemos que todo es un gran negocio, hay persona que comercializan este tipo de cámaras.”

Las cámaras policiales

El mismo fallo generó debate a principios de año, cuando en enero el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal lo apeló. El Juez ordenaba al Ministerio la eliminación de prontuarios de menores de 18 años creados por la policía sin una orden judicial., así como mandaba que “se abstenga de tomar imágenes fílmicas o fotográficas de menores de edad”.

En relación a esto, Arias señaló que “mientras se comprobaba que la municipalidad a través del consejo escolar colocaba cámaras en las escuelas, la policía le sacaba durante reuniones públicas y que tenía cierta actividad de algún modo prontuarial o de inteligencia respecto de los jóvenes, con las imágenes que tomaba al margen de los procesos judiciales.”

El defensor juvenil había señalado en su presentación, que “hay indicios que surgen de diversas causas penales donde ha quedado demostrado que en algunos casos, se ha exhibido a víctimas de delitos, fotografías o imágenes de menores de edad con el fin de inducirlas a reconocer a determinado autor”. Axat indicaba que la policía sacaba esas fotos a jóvenes que detenía o demoraba para luego armar los libros, afirmando que “el personal policial recoge información sobre menores y las utiliza en procesos en trámite como ‘cantidad de causas anteriores’ o ‘cantidad de ingresos a comisarías anteriores’, lo cual demuestra una evidente actividad prontuarial sobre menores de edad que la comisaría recoge, conserva y hasta exhibe”. En el fallo, Arias enumera diversos casos de menores de 18 años detenidos por averiguación de antecedentes que eran fotografiados y luego víctimas del armado de causa.

El falló tiene antecedentes en el 2005 a partir de una presentación de la Asociación Miguel Bru, que culminó en la orden dictada por el mismo juzgado de destruir los albumes. Arias explica que se trataba de un habeas data colectiva que “tuvo por objeto prohibir la exhibición de álbumes fotográficos en las comisarías y la realización de prontuarios, era verdaderamente estigmatisante. En inspección ocular comprobamos que la mayoría eran de niños y prostitutas. Esto tiene otro alcance, lo que se prohíbe es tomar fotografías, aunque el Ministerio de Seguridad incumplió la orden por lo que nos llega”.

Arias comenta que los diarios se convierten en partícipes de esta actividad, al recibir y difundir las fotos tomadas por la policía: “Aparece fulanito un menor, en el diario, con la foto suministrada por la policía, tiene 50 entradas a la comisaría, y aparece la fotografía, pixelada en el mejor de los casos, ahora, ese joven, no tuvo ningún delito, las entradas son por averiguación de antecedentes, averiguación de identidad”, denuncia el Juez, señalando la estigmatización que los jóvenes sufren.

miércoles, 14 de marzo de 2012

informe sobre los procesos contra los genocidas /ESTA ES LA VERDADERA SINTONIA FINA*




Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (http://www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (http://www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema.
Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes.
Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003.

La presidenta Cristina Fernández hizo hace poco un acto de abandono del optimismo que venía manifestando sobre el proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura. Lo hizo en una fecha clave: el de 10 diciembre de 2011, día internacional de los DDHH. En ocasión de su reasunción de mando ante el Congreso de la Nación dijo, casi librando el proceso a su propia suerte: “Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de derechos humanos: ‘Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados’. Si bien se registra un gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página tan trágica de nuestra historia”.
Lo que propone la presidenta es técnicamente impracticable. Sobre todo si pensamos que en 8 años de caídas las leyes de impunidad se juzgó al 15% de los represores procesados, que son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, y que la cantidad de juicios por año es constante al igual que el promedio de imputados por juicio. ¿A través de qué solución voluntarista habríamos de pensar que en la mitad de tiempo se hará una tarea que, así planteadas las cosas, llevará varias décadas si es que los represores no deciden morirse antes?

En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.

En Agosto de 2011 se cumplieron 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 63 juicios estuvieron procesados 298 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 274 condenas, 23 absoluciones y un muerto impune mientras duraba el proceso, por un universo de 1337 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena.

Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados.

Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. En febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. El último caso nos tocó de carca en La Plata, ya que se trata de la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.

Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que lo pretendido desde los sectores oficiales como una “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.

En cuanto a las zonas represivas de la dictadura y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:
- 23 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 94 condenas.
- 15 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 50 condenas.
- 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas.

Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia.
Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma.

En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval.

Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 63 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron.

Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.

Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias.

Hay que destacar un estancamiento en la cantidad de procesos que se realizan cada año, si se pondera que en 2010 se realizaron 19 juicios con cerca de 150 condenas y en 2011 fueron 21 juicios en todo el año con sólo 85 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 448 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Es grave el estancamiento de la tendencia, a corroborar este año, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios de 2006, los 2 de 2007, los 5 de 2008 y 13 de 2009. Y que según datos del poder judicial, hasta junio de 2012 son 12 los juicios orales que tienen fecha de inicio confirmada y que se realizarán en Mar del Plata, Capital, Comodoro Rivadavia, Rosario, Neuquén, Entre Ríos, Tucumán, La Rioja, Salta y Santa Fe. Sumados a los 7 que se están realizando desde 2011 sumarían sólo 19.

Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además en 2011 hubo sólo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié y Evelin Karina Bauer Pegoraro en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Y más allá de que se está realizando el juicio por el “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de desaparecidos, que sólo contempla 34 casos (27 de ellos nacidos en cautiverio), estos datos marcan la urgencia de un replanteo sobre la política de restitución de los más de 400 niños apropiados a los que falta devolverles su verdadera identidad, más aún cuando el proceso no está acompañado del castigo penal a todos los apropiadores.

Para La Plata el año 2011 no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba. Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU.
Por último, hay en la jurisdicción federal de La Plata unas 15 causas fragmentadas en instrucción con procesamientos que incluye nada más que a 54 represores a ser juzgados en próximos juicios.

Casi la única novedad a mencionar respecto a los reclamos de los organismos de DD.HH sobre mayor celeridad en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica de CCD o de Circuito represivo y contra la revictimización que el esquema fragmentado de juicios está planteando, se refleja en una tardía y tibia propuesta de la Cámara de Casación Penal, que prometió convocar a un plenario especial en febrero de 2012 para “fijar reglas prácticas” para agilizar los juicios. En realidad esa es una facultad que este tribunal (encargado de revisar los procesos llegados a sentencia como instancia anterior a la Corte Suprema) siempre tuvo, pero nunca usó y que lo transformó en un verdadero obstáculo que acumulaba más de 100 recursos por año en expedientes de lesa humanidad y con ello estiraba el proceso de condenas. Según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, en 2011 Casación revisó sólo 6 sentencias, y de los represores sentenciados, sólo 43 tienen condena firme. En cuanto a su propuesta para agilizar los juicios y preservar a los testigos, en la resolución N°20/2011, titulada “sobre testigos víctimas”, el tribunal propone genéricamente “arbitrar los medios necesarios para disminuir y/o evitar cualquier agravamiento en la condición psicológica de las víctimas”. La promocionada Acordada N°1 de 2012, firmada por algunos de los jueces que se cansaron de otorgar excarcelaciones a los genocidas como Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Ángela Ledesma recoge los siguientes viejos reclamos de las querellas: En instancias de impugnaciones, movilizar sólo las piezas imprescindibles de la causa y no todo el cuerpo; en cuanto a plazos procesales, se rechazarán planteos que no decidan las cuestiones principales y retarden innecesariamente; se deberá citar a juicio y a ofrecimiento de prueba a todas las partes en conjunto, remitiéndoles la causa a tiempo; se llamará a audiencia preliminar al juicio con todas las aprtes para acordar limitar la prueba a lo más relevante, así como producir allí la lectura de requerimientos de elevación para acelerar el juicio; se dará la posibilidad de reproducir en audiencia testimonios de otros juicios en soportes audiovisuales, pertinentes por conexidad; y con ello sustituir el testimonio en persona por soporte audiovisual o por escrito, excepto oposición de alguna parte, donde el tribunal debe requerir motivo e interés puntual y luego resolver sin afectar el derecho a control de la prueba o a repreguntar; se tratará evitar divulgar datos personales de las víctimas y testigos, y no utilizar agentes de seguridad para notificarlos; y limitar la extensión de los alegatos de querellas y defensas y las últimas palabras de los imputados para noestirar los procesos.
En realidad estos conceptos sólo sugieren a las Cámaras Federales un ideal de acción en cuestiones formales, sobre todo para acelerar los debates orales, cuestiones que si bien son importantes, no alcanzan para romper la estructura de impunidad que la propia instrucción infinita y fragmentada de las causas termina imponiendo como realidad que, a más de 8 años de caídas las leyes de impunidad, siga habiendo más genocidas muertos impunes que efectivamente condenados.


A 35 años del golpe genocida seguimos luchando por:
- CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
- JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO.
- RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.
- BASTA DE GATILLO FÁCIL. FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.
- BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES.

martes, 13 de marzo de 2012

Convocan acto masivo contra YPF, que intentará evitar quita de concesiones




La avanzada del Gobierno contra YPF, que tiene como actores de reparto a los gobernadores de las provincias productoras de petróleo y gas, tendrá mañana un capítulo especial: por primera vez desde el surgimiento del conflicto, los líderes políticos intentarán comprometer a varios sectores de la sociedad en reclamo de mayores inversiones a la empresa.
En el mismo movimiento, además, se especula con respecto a una eventual quita de concesiones, algo que hasta el momento no fue decidido.
El escenario estará montado en el paraje Ramón Santos, sobre la ruta nacional 3 y en el límite entre Santa Cruz y Chubut. Aunque se trata de tierras del gobernador Daniel Peralta, que participará del acto, que arranca a las 18, el director de orquesta será su par de Chubut, Martín Buzzi, quien más agita la bandera de los reclamos sobre la empresa de la familia Eskenazi y la española Repsol.
La fecha no es casual. Hoy vence el plazo a una intimación que Buzzi le envió a YPF la semana pasada. En la nota sostenía que si en siete días, la compañía no presentaba un “plan de trabajo adecuado y fundado” en las principales áreas que la empresa, la provincia podría “dar por terminadas las concesiones”.
Se refirió a los yacimientos El Trébol-Escalante, Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido, donde según el informe de la autoridad provincial de hidrocarburos se detectó que YPF no habría cumplido con obligaciones a su cargo.
En el entorno de Buzzi, trabajan en la dirección de la rescisión de esas concesiones en contacto constante con el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido. “Los mails vienen de allá”, sintetizó un hombre del gobernador que tenía el borrador para la quita de concesiones en sus manos. Y el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, confirmó la intención de rescindir contratos. Sin embargo, aún no está claro si el gobernador de Chubut concretará mañana sus insinuaciones. Es que YPF presentará hoy “en tiempo y forma” su respuesta a la intimación.
Técnicos del entorno de Buzzi temen el sustento legal de la iniciativa. Por caso, la Gobernación sacó un decreto sólo contra la ex petrolera estatal, cuando otras áreas también tienen producción declinante y el propio Buzzi anticipó su intención de rescindir contratos antes de escuchar una respuesta de la empresa. De manera que una decisión final podría extenderse.
En caso de avanzar en la quita de concesiones, algo a lo que también podrían sumarse Santa Cruz y Mendoza (junto con Neuquén, fueron las principales empresas que presentaron intimaciones a YPF), Chubut dejaría esos activos petroleros momentáneamente en manos de Petrominera. La empresa estatal, que intenta convertirse en un jugador del mercado petrolero, tiene una magra producción de hidrocarburos de acuerdo con números oficiales y su oferta cayó en el último año.
Con todo, se tratará de la primera muestra de apoyo popular en contra de YPF que intentarán desplegar los gobernadores. Fueron invitados los líderes de los gremios petroleros de ambas provincias y las intendencias alineadas con sendos líderes provinciales cursaron invitaciones abiertas a quien quiera asistir. También recibieron el convite las empresas que proveen servicios a las petroleras.

PABLO FERNÁNDEZ BLANCO Buenos Aires

jueves, 8 de marzo de 2012

INSÓLITA CFK***



Salustrana: a nosotros nos hace falta cosas mas buenas que el subte

CFK: yo soy buena? no Salustrana..bla bla bla.

Sigue debajo del video.

video

Hoy es el día internacional de la mujer y hay mujeres que nos dan vergüenza ajena y otras que
nos hacen sentir orgullosas de nuestro genero.

Te pego una nota vieja sobre este día para compartir con vos:








Quiero dejar en claro que soy rockera de la vieja guardia. Que después de “Muchacha…” y “Rutas Argentinas”, el flaco Spinetta pasó a ser un semidiós. Que entré al baño de hombres de La Perla por amor a Tanguito y canté la Biblia con Vox, pero sin Dei. Y Manal casi me empacha de Jugo de Tomate Frío si no fuera que Alma y Vida me perfumó con su azahar.
Cierto, muy cierto. Pero nadie -al menos de todos los recuerdos que conservo hasta el momento- pudo delinear una imagen tan poética, tan liberadora como para trocarme precipitadamente en un arma y cargarme de futuro. Hablo de Fito, claro. Cuando pregunta en su tema semejante pregunta y ofrece a cambio semejante ofrecimiento, yo siento que comienza allí una de las canciones más esperanzadoras de las últimas épocas. Y no digo esto con la intención de abrir querellas musicales. Nones. Lo digo porque sospecho que –quién más, quién menos- todos hemos padecido en algún barquinazo de nuestra azarosa vida esa súbita impresión de que, ciertamente, lo habíamos perdido todo.
Si de efemérides trágicas se trata, esta tierra generosa que nos ve trajinar, actuar, desentonar y cuanto infinitivo acuda a nuestras necesidades básicas o cotidianas pero, sobre todo, solidarias con nuestros hermanos/as, basta con pararse unos minutos en cualquier esquina y detenerse a mirar. Dar reverentemente una vuelta en redondo y mirar como quien va a decir un discurso al mundo, como quien intenta aprehender (con hache y sin ella) eso que no soy yo, que está fuera de mí, que se me ofrece y no tanto, también no tanto, para saber que nos han maltratado, que nos han estafado y jodido. Rejodido, sí.
Hasta podríamos prescindir de diarios y noticieros, de revistas de opinión o libros de historia. Cuestión de mirar, decía, y todo está allí: en ese rostro que no es el mío pero me refleja, en ese instante que recorto de la realidad y me constituye. En el hoy como metáfora y como jornada concreta. 8 de Marzo: hoy. Día Internacional de La Mujer Trabajadora: hoy.
Curioso principio me han dicho mis amigos al leer el borrador de mis tribulaciones. Confieso que estoy perpetrando un plagio. Si Sting hizo danzar solas a Las Madres, yo bien puedo hablar de Clara Zetkin a costa de Fito. Confieso también que me mueve un enfado personal. Y confieso, por último, que elegí esta fecha para pararme en mi esquina y poder verme en la historia, cuando aquellas mujeres textiles salieron de la fábrica neoyorquina, en 1857, a reclamar por sus míseros salarios y sus jornadas extenuantes.
Era otro 8 de marzo. Distinto, pero igual a éste. Y la concentración terminó mal, terminó atacada por la policía. Me veo, las veo medio siglo después, crecer y multiplicarse hasta juntar 15.000 corazones ofrendándose. Y marchar otra vez en marzo por la misma ciudad, con las mismas reivindicaciones, gritando “¡Pan y Rosas!”, lucha y poesía. No todo está perdido, pienso. Quién dice que todo está perdido. Al año siguiente –marzo, siempre marzo, 8 de marzo de 1908- 40.000 costureras industriales declaran una huelga histórica y 129 de ellas, obreras de la Cotton Textile Factory, mueren carbonizadas en un incendio provocado por los propios dueños de la fábrica. ¿Quiero ver? ¿Quiero seguir viendo? Sí, quiero. Es más, hoy quiero ofrecer mi corazón. Y entonces, mi mirada salta, mi mirada pan y rosas rueda hasta Copenhague, rueda hasta 1910, y allí finalmente la veo, me veo, la escucho, me escucho: Clara Zetkin en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas proponiendo establecer al 8 de marzo –de hoy, de ayer, de todos los marzos de todos los tiempos- como Día Internacional de La Mujer Trabajadora, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras manifestaciones de mujeres trabajadoras contra la explotación capitalista.
Mis amigos me critican por las cacofonías, la reiteración de palabras. Es que no soy yo, les explico. Son ellas. Surgen atropelladas, no se pliegan a mi voluntad. Mueven mis dedos y se autoconvocan, multiplicándose en 15.000, en 40.000 almas y acaso otras tantas que yacen en el camino por esa media mitad de un todo que alguna vez tomará el cielo por asalto. Y por las Madres que hoy -como yo hoy- recuerdan que parieron hijos que también parieron nietos. Hijos, Abuelas, Nietos, Madres. A pesar de las 30.000 preguntas y los 30.000 silencios, nosotras no creemos que todo está perdido, nosotras ofrecemos el corazón.
8 de Marzo. Día Internacional de La Mujer Trabajadora. Tra-ba-ja-do-ra, atención. Porque entonces me encolerizo con los que utilizan este día para regalar prendedores, gatitos de terracota o sandwichitos. Dejémonos de macanas, señores*s. Tenemos 364 días para mimosearnos. O 363, por aquello igual a esto sucedido en Chicago un 1º de mayo. No quiero cederles ni un minuto de mi día a individuas como Amalita o María Julia, por mentar sólo la punta de un dudoso iceberg que terminaría arruinándonos el crucero a todas. No quiero comer sandwichitos. Fueron muchas las cabezas que rodaron para que nosotras estemos aquí amando, pensando, sufriendo y también hermanándonos. Quiero, sí, compartir flores con las que sabemos llenar la olla trabajando dentro o fuera de la casa, con salario básico o sin él, contratadas en blanco o en sucio, jubiladas sin privilegio y hasta sin jubilación, pero pataleando por tenerla y, dicho sea de paso, porque la tengan de igual forma nuestros compañeros. Nada de rosas sin ¡Pan y Rosas! Nada de incendiarios ni manipuladores. Nada sin las Claras Zetkin. Nada.
Mis amigos me recuerdan que no todo pasa por este asunto del género. Un combate a muerte de hombres contra mujeres. Coincido. Hombres y mujeres somos castigados por hombres y por mujeres. Pero yo les contesto a ellos que, sin olvidar ni ésa ni ninguna otra verdad dicha más arriba, ya es momento de dejar de parlotear tanto y abalanzarse a este día con unción. Por cada una de nosotras, dueñas y señoras. Madres y también Abuelas. Hijas, hermanas. Yo, yo misma, viniendo en marcha cerrada por todas las calles de todas la ciudades de todos los países del mundo y del tiempo. A pesar del tiempo y de la muerte, mirándolas, mirándome venir. Y converger en mi esquina. Esta esquina en la que estoy parada emocionándome, acariciando cada llaga, cada herida. Y gritando, como a punto de revelar una verdad sagrada. Preguntando o increpando a voz en cuello quién se atreve, a ver, contesten. Quién dice que todo está perdido, si venimos a ofrecer el corazón.
Graciela Holfeltz - 2006

viernes, 2 de marzo de 2012

el Juez Garzon elogiado x CFK, no sabia esto de Cristina...










Lo que Garzon NO SABIA****

video

DISCURSO PROPIO DE UNA PSICÓPATA.


No digo que lo sea, pero pareciera, no reconocer lo importante, tener un análisis tan cambiado de la realidad, no tener un mínimo de sentimiento de culpa es propio de esa enfermedad. Por lo demás no parecía una legislatura Nacional sino una simple cancha de fútbol. PicaMieL

OPINIONES:

“La Presidenta ratificó su alianza con los concesionarios ferroviarios y monopolios mineros”





“La Presidenta se tomó dos horas para reducir la tragedia de Once a un asunto judicial, mientras ratificaba su alianza con Cirigliano, UGOFE, Roggio y Techint. Sin mosquearse, admitió que la mayor parte de los beneficios de los Rocca obedecen a los subsidios del gobierno. Después de las puebladas de Famatina y Andalgalá, la presidenta defendió cerradamente a los monopolios megamineros. En cambio –y en una paradoja de la “sintonía fina”-, le pegó a la CTERA cristinista por los paros docentes, y con los argumentos tradicionales de la derecha neoliberal.

En medio de la galopante crisis energética, el discurso no incluyó ningún anuncio respecto de YPF, un silencio que fue saludado de inmediato con la suba de sus acciones en la Bolsa. Pero Cristina sí celebró el pago de los BODEN 2012 en favor de los especuladores internacionales, después de que fueran malvendidos por los ahorristas locales.

El telón de fondo del discurso es una inocultable crisis de régimen y una crisis política. Pero en su mensaje de apertura, Cristina Kirchner defendió cerradamente la trama de intereses sociales y el método de gobierno que han conducido a esa crisis.”
Jorge Altamira

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ALGO QUE ELLA NO PODIA DESCONOCER AUNQUE SE QUIERA HACER LA TONTA


AGUANTE SIEMPRE:


jueves, 1 de marzo de 2012

Carta Abierta a Horacio Verbitsky


Me veo en la obligación de escribirle esta carta, en el marco de la difícil situación por la que estamos atravesando muchos luchadores sociales que estamos siendo, no solamente perseguidos y enjuiciados, sino ahora también, ilegalmente espiados; ya que por segunda vez consecutiva Ud. cita mi nombre en su columna dominical del diario Página 12.

Estas persecuciones y espionaje, que luego terminan en causas armadas en la justicia, tienen para mí graves consecuencias. Me han significado 11 causas penales en mi contra y un embargo que llegó a $290 mil, cuando mi salario, señor Verbitsky, es de $4 mil. Esto por el único hecho de defender a mis compañeros de trabajo ante la multinacional Kraft. Por ello sigo con atención la información referida al espionaje que, como hemos denunciado, realiza la Gendarmería sobre organizaciones sociales, obreras y políticas. Ud. escribió hace una semana, en su columna del domingo pasado, que “La defensa de Schenone (Jefe de la Gendarmería) de que sólo actuaron por indicación judicial es menos sólida de lo que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal”. En esa misma columna explica que el Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas sentencia que “Todo el personal de seguridad debe lucir una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional” y termina afirmando claramente que “Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería”. La Ministra Garré, en su conferencia de prensa, no dijo nada sobre esta forma ilegal de proceder de la Gendarmería. Por si fuera poco Ud. afirma tajantemente que el Jefe de la Gendarmería, Schenone, “uno de los hombres de la DEA en la Argentina”. Sin embargo lo que era “evidente” hace apenas siete días, a la semana siguiente ya no lo es tanto y la defensa de Schenone que era “poco sólida”, de repente se volvió fuerte y termina escribiendo la lamentable frase de que la persecución es “un estigma político, no legal”. Usted titula su columna de hoy con un “Ni uno”, pretendiendo negar sin investigación alguna, el espionaje de la Gendarmería, que había aceptado como “evidente” la semana anterior. ¿Puede llegar a tanto su alineamiento con la ex vice ministra de la Alianza, Nilda Garre, como para negar una semana lo que afirmó la anterior? Las causas que pesan en mi contra son reales, señor Verbitsky, y los embargos que se me quieren imponer, inalcanzable para mi sueldo de obrero ¿le parecen a usted solo un “estigma político”?

En segundo lugar, al insistir Ud. jocosamente, en dos oportunidades, con el “chiste” de que yo estaría “alienado” a tal o cual organización política y sabiendo que Ud. se proclama amigo y admirador de ese gran periodista que fue Rodolfo Walsh, una cosa queda clara: más allá de las diferencias políticas podamos tener con R. Walsh, éste nunca se hubiera burlado de esa manera, de una víctima de espionaje y mucho menos ridiculizarlo a él y a su partido.

Contrariamente, estaría revisando un “alineamiento incondicional” con un gobierno responsable de 17 muertes por protestas sociales “en democracia”, incluida la de Mariano Ferreyra – a manos del sindicalismo patotero, muchas veces elogiado por CFK -, o los miembros de la comunicad Qom en Formosa, que trató de meter preso al delegado ferroviario Rubén Sobrero (en otra vergonzosa causa armada) para castigar a los trabajadores que denunciaban la complicidad objetiva del gobierno y la empresa de Cirigliano en el Ferrocarril Sarmiento y ahora se ha transformado en cómplice de la masacre de más de 50 hermanos de clase en la Estación Once. Es más, me atrevería a decir que como lo hizo en varias de sus valiosas investigaciones, estaría preocupado por develar quienes son los responsables de estos crímenes y no ocultando, mintiendo, a lo que ahora le suma el “plus” de burlarse de delegados obreros perseguidos y espiados, demostrando “involuntariamente”, que distancia moral lo separa con su admirado R. Walsh. y muy alejado de ese compromiso con la verdad “para dar testimonio en los momentos difíciles” (Carta Abierta a la Junta Militar).

Javier “Poke” Hermosilla, delegado de los trabajadores de Kraft y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

(PD: como los dichos las afirmaciones de Verbitsky, pretenden banalizar mi trayectoria y mi buen nombre y honor, como representante de los trabajadores y como militante, solicito a la redacción de Página 12 me otorgue el “derecho a réplica” y publiquen esta carta)

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