Ley anti-terrorista que criminalizara cualquier protesta, corralito financiero para los que pueden ahorrar en dolares aunque sean pocos dolares, periodistas escrachados solo por pensar diferente a este gobierno, todo esto fueron muestras de lo que vendrá.
En el día de ayer Gendarme ria por ordenes del gobierno ocupo 3 horas CABLE VISION
ADEPA mostró “preocupación” (MUY ENTRECOMILLAS, PORQUE NO SE VE LA ACCIÓN)
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado ayer para rechazar la “metodología empleada” en el operativo contra Cablevisión.
“Más allá de los motivos que hayan llevado al magistrado a tomar esta medida, preocupa la metodología empleada y la espectacularidad que rodeó al operativo”, arranca el texto de la entidad. Y sigue: “Enrique Anzoise, el interventor designado por la Justicia, ingresó al edificio con decenas de efectivos de Gendarmería y acompañado por las cámaras de América 24 y del programa 6,7,8. Este inusual operativo se enmarca en una creciente ofensiva del gobierno contra el Grupo Clarín, que tiene como antecedentes el procedimiento realizado por 200 inspectores de la AFIP en la sede de esa empresa periodística y los bloqueos que impidieron que los ejemplares de los diarios Clarín y Olé llegaran a los lectores”.
Además, el comunicado recuerda la llamativa cantidad de sanciones dispuestas por el ex Comfer contra Cable visión
PM
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Cristina no se fija en sus aliados a la hora de enfrentar a los medios
Las imágenes no fueron idénticas pero se asemejaron peligrosamente . En agosto del 2009 un grupo chavista atacó en Caracas, con gases picantes, la sede de Globovisión. Las refriegas de Hugo Chávez con esa cadena de televisión continúan. Ayer, 50 gendarmes que exhibieron armas allanaron la sede de la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, por una orden del juez de Mendoza, Walter Bento, quien además dispuso una intervención por 60 días. La intervención de la Gendarmería fue autorizada por la ministro de Seguridad, Nilda Garré.
Sólo el futuro y las decisiones políticas determinarán cuánto aquellas imágenes acercarán o alejarán a Cristina Fernández de su amigo Chávez. Lo que resulta difícil rebatir es que la Presidenta, ni bien reasumió, resolvió desatar su confrontación con aquellos enemigos a los cuales su tradicional sectarismo no tolera: primero, el periodismo que no le resulta servil; luego Daniel Scioli, un estorbo en Buenos Aires; también Hugo Moyano, aunque al líder camionero el kirchnerismo le dispensa entre respeto y temor. Pies de plomo antes de ir por esa presa.
El periodismo constituye, en esa escalada, la prioridad para Cristina . Casi no hubo acto público desde su reasunción --o incluso antes-- en que la Presidenta no haya hablado del periodismo que la complace y, sobre todo, con fastidio, del que ejerce el derecho a la crítica.
Los cañones, desde hace rato, han apuntado sobre Papel Prensa y Cablevisión . Cristina montó en cólera, la semana pasada, cuando el discurso de Moyano en Huracán tuvo en una señal de cable, TN, más de doble de medición que otras tres señales que difundieron su palabra desde una planta automotriz.
La acción K sobre aquellos objetivos periodísticos cobró intensidad desde el rotundo triunfo presidencial del 23 de octubre. El kirchnerismo aprobó en Diputados --esta semana el Senado lo convertiría en ley-- la declaración de interés público de la producción y comercialización de papel de diarios. Papel Prensa provee el 70% del mercado. El 30% restante se importa. Las importaciones están bajo la fiscalización de Guillermo Moreno, el supersecretario de Comercio.
Ayer mismo, la Secretaría de derechos Humanos pidió a la Justicia la indagatoria de varios funcionarios de los diarios La Nación y Clarín, socios junto al Estado de Papel Prensa. El Gobierno sostiene, sin pruebas serias, que la compra de esa empresa a la familia Graiver durante la dictadura podría estar ligada a supuestos crímenes de lesa humanidad. Esa historia tuvo, sobre todo, dos mentores: Moreno y Osvaldo Papaleo.
Papaleo fue el último secretario de Medios de Isabel Perón. Manejó todos los canales estatizados durante ese tiempo, en los cuales permitió la creciente influencia de José López Rega y la Triple A.
Papaleo conoció, ya grandecito, a José Luis Manzano. El dirigente del PJ mendocino fue diputado renovador en los albores del alfonsinismo. Después, ministro del Interior de Carlos Menem. Su gestión quedó inmortalizada en un libro escrito por el periodista Horacio Verbitsky, hoy muy cercano al Gobierno.
“Robo para la Corona” , lo tituló. La frase dilecta que solía pronunciar Manzano como ministro cuando se le enrostraban irregularidades administrativas.
Fuera de la función pública, Manzano se embarcó en negocios mediáticos y de otras especies, incluso con los anticastristas radicados en Miami. En ese tiempo consolidó su sociedad en Mendoza con el abogado Daniel Vila, un empresario que enreda títulos con prontuarios.
El grupo de Vila-Manzano tuvo muchas disputas con Cablevisión. Esta empresa de cable dejó de operar en Mendoza. Pero Manzano, interlocutor de dirigentes peronistas, dentro y fuera del Gobierno, y también de radicales, captó en la ofensiva kirchnerista contra los medios no adictos --tumbar la fusión de Cablevisión y Multicanal aprobada por Néstor Kirchner- - una chance de mejorar la rentabilidad de sus negocios. Sin dudas, lo logró.
El grupo mendocino, el más poderoso del interior según propia descripción, avaló con un llamativo despliegue la aprobación de la ley de papel de diarios. Lo hizo un día antes del allanamiento en Cablevisión, donde además de las huellas del Gobierno están también las de Vila y Manzano. Para ser funcionales al objetivo K lograron, en su largo derrotero judicial en Mendoza, un fallo favorable de la Cámara Federal. A esa Cámara la integró Otilio Romano, el juez exiliado en Chile, pro cesado por delitos de lesa humanidad.
Papaleo, Manzano y Vila son, por lo visto, arietes de la estrategia K. Paradojas de un Gobierno que se dice progresista y transparente.
Eduardo Van Der Kooy
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Otro avance contra principios básicos de la República
Se ha dado otro paso gravísimo en la escalada promovida por el Gobierno contra los medios de comunicación independientes, el cual muestra el peligro real en el que se encuentra nuestra República. El allanamiento practicado en la sede de la empresa Cablevisión, integrante del Grupo Clarín, está cargado de irregularidades y ha evidenciado la articulación de una estrategia gubernamental en la que participan también terceros interesados en obtener ventajas a partir de su alineamiento con el oficialismo. Y, por sobre todo, el gravísimo hecho ha puesto de manifiesto la decisión del Gobierno de apelar a todos los múltiples factores de poder a su alcance para impedir el libre desenvolvimiento de los medios de comunicación en los que se expresan informaciones y críticas que astillan el relato oficial de la realidad nacional.
El allanamiento y la decisión de intervenir Cablevisión fue dispuesta en el marco de una causa inverosímil, en una jurisdicción en la que la empresa no opera y en la que, en cambio, sí ejerce una notable influencia un grupo afín al Gobierno. Esta medida, llevada adelante por una desmesurada cantidad de efectivos de una fuerza de seguridad que debe encargarse de la seguridad fronteriza y con cámaras de la televisión gubernamental previamente avisadas del operativo, ocurre en medio del tratamiento sumarísimo que el Congreso le está imprimiendo a la ley con la cual el Gobierno pretende controlar el abastecimiento de papel para diarios; apenas al día siguiente del pedido realizado por el Procurador General de la Nación, alineado con el Gobierno, de que se acorte el plazo legal de tratamiento de las impugnaciones judiciales formuladas por Clarín a la ley de Medios; y contemporáneamente a nuevas medidas persecutorias peticionadas por el Ejecutivo en la causa judicial que investiga el pasado de Papel Prensa. Se trata, en suma, de una acumulación de hechos de gravedad en un plazo muy breve, lo cual delata el ensañamiento del Gobierno contra un multimedio de comunicación independiente y, detrás de ello, contra las libertades de prensa y de expresión.
Este empeño gubernamental contra las libertades modernas básicas, las que aseguran que el Estado no atentará contra la publicación de informaciones y la expresión de ideas y que resguardará los derechos y bienes de las personas, es un indicio de autoritarismo que ensombrece el futuro cercano de nuestro país. La irracionalidad con la que se impulsan e imponen las medidas restrictivas a estas libertades primordiales es inédita, aunque guarda relación con el dispositivo montado para falsear las estadísticas oficiales, utilizar discrecionalmente la pauta de publicidad estatal con fines propagandísticos y asfixiar a los órganos de auditoría y control de las cuentas públicas. En vez de poner un empeño equivalente en la erradicación de la pobreza, en el combate a la inflación y la corrupción, en la atracción de inversiones y el fomento de la ciencia, en la mejora de la educación y de las condiciones de seguridad, el Gobierno recién asumido ha concentrado toda su capacidad de acción en la búsqueda de sanciones, en controlar y establecer el disciplinamiento de los medios independientes. Lamentablemente, esto pone mucho más en juego que la actividad del Grupo Clarín, ya que lo que el Gobierno pone en cuestión es un principio republicano básico, referido al papel del Estado en la sociedad. No es legítimo y es anticonstitucional que el aparato estatal busque por todos los medios restringir y condicionar la libertad de la prensa y de los medios de comunicación. No lo es tampoco que se utilice el poderío gubernamental con fines discrecionales y para imponer un relato único. Nada de esto es admisible en una República.
En esta encrucijada, entonces, resulta determinante el papel independiente y responsable de la Justicia, la cual debe limitar los avances ilegítimos y reafirmar los principios constitutivos de la República Argentina.
CLARIN
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