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viernes, 19 de agosto de 2011

Zaffaroni sabía

Después de dos allanamientos practicados el día 28 de junio, el juez Zaffaroni recibió la notificación de lo que estaba sucediendo en ellos.

Nueva información procedente de las actuaciones de las distintas fiscalías que actuaron en la causa de los más de 600 prostíbulos denunciados en 2009, hacen cada vez más difícil creer que el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni desconocía, por lo menos durante estos últimos meses, lo que ocurría en los departamentos de su propiedad.

De la totalidad de los domicilios denunciados ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), solo más de 40 casos fueron tomados por ese organismo para su investigación. El resto de las denuncias, fueron derivadas a la Fiscalía Nº 7, a cargo del Dr. Edgardo José Orfila, quien además actúa ante el Juzgado Correccional Nº 6, del Dr. Eduardo Carlos Fernández.

Los casos que manejó directamente la UFASE, derivaron en una orden judicial para realizar allanamientos en esos 40 departamentos, proceso que dio como resultado la imputación de varios policías por el delito de cohecho, entre marzo y abril de este año.

Por el otro lado, el Dr. Orfila realizó la investigación sobre la titularidad de las líneas telefónicas utilizadas en los distintos prostíbulos que quedaron bajo su órbita, con la finalidad de desentrañar las distintas redes de trata o proxenetismo que pudieran surgir. Una de las redes detectadas, tenía como cabeza visible a Marcia González, quien además alquilaba de manera directa tres de los departamentos de Eugenio Zaffaroni para los que declaró como finalidad, vivienda personal; y aparecía como garante en otras dos propiedades del juez. Un primer dato que genera suspicacias. ¿Existe la posibilidad de que ni el dueño de la inmobiliaria, Juan Calvo, ni el apoderado de Zaffaroni, Ricardo Montiveros, sospecharan sobre la titularidad de una misma persona sobre cinco propiedades que, según las mismas declaraciones de la arrendataria, tenían como fin el uso personal?

Cabe agregar que Marcia González -hoy con paradero desconocido- tenía, al momento de firmar los contratos de alquiler, conocidos antecedentes de proxenetismo. La red de Marcia González, en su momento detectada por el Dr. Orfila, incluía dos de los departamentos de Zaffaroni: la propiedades de la calle Dellepiane 688, y Bacacay al 3100. Estos datos resultan del informe de dominio solicitado por el fiscal Orfila, luego de la comprobación fehaciente de proxenetismo en cinco domicilios, de los cuales dos resultaron propiedad del juez de la Corte.

El 28 de junio de 2011, el juez Eduardo Fernández, a pedido del fiscal, había autorizado órdenes de allanamiento en los cinco domicilios en donde se había constatado proxenetismo. Durante el procedimiento se tomaron testimonios, fotografías y pruebas que permitieron posteriormente identificar a Marcia González como la recaudadora de las redes.

Como en muchos los operativos que involucran casos de trata de personas, en esa oportunidad también participó la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas, a cargo de Zaida Gatti, que trabaja en conjunto con el Dr. Marcelo Colombo, fiscal de la división antitrata de la UFASE. Después de los allanamientos, la justicia clausuró los departamentos; procedió a secuestrar las llaves y posteriormente, notificó a los propietarios -entre los cuales estaba Eugenio Zaffaroni- sobre los procedimientos practicados y las causas que se estaban investigando, poniéndolos en conocimiento de que las llaves de las propiedades se encontraban a su disposición en la fiscalía. Zaffaroni nunca concurrió a retirar las llaves.

Pasados tres días del allanamiento, las fajas de seguridad que impedían el ingreso a las propiedades se rompieron y los prostíbulos continuaron funcionando normalmente. Este acto constituye un delito caratulado como “violación de sellos y documentos”, que puede ser penado con hasta cuatro años de prisión.

Por su parte, la fiscalía Nº 2, que tomó a su cargo otra parte de las causas, no consiguió que el juez actuante en esas investigaciones autorizara los allanamientos sobre las restantes propiedades de Eugenio Zaffaroni.

Sin embargo, este “estado de excepción” no se pudo mantener por mucho tiempo. Un mes después de estas marchas y contramarchas en la investigación, otra denuncia de un vecino del edificio de la calle Vicente López, apareció. Esta vez, había tomado estado público. Gabriel Levignas.
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