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miércoles, 10 de agosto de 2011

Represión, muerte y después


Continúa el reclamo de juicio y castigo a los responsables de los asesinatos durante el violento desalojo del jueves pasado en Libertador Gral. San Martín, además del pedido de tierras y viviendas dignas para el pueblo jujeño.

Durante toda la semana se realizaron numerosas movilizaciones en distintos puntos del país, especialmente en la provincia de Jujuy. El principal reclamo fue y es justicia por la muerte de cuatro personas producto de la represión del pasado jueves, y juicio y castigo a los responsables materiales y políticos. También continúan los pedidos por tierras y viviendas dignas. Es por esto que a la ocupación del terreno de 15 hectáreas en Libertador General San Martín, se sumaron tomas en varias localidades jujeñas (como Perico, San Pedro o San Salvador), además de cortes de ruta.
Tras la represión, las autoridades provinciales tomaron algunas medidas, como la conformación de una comisión investigadora integrada por legisladores. Desde las organizaciones sociales pidieron ser incluidos también en la comisión, ya que han sido testigos y víctimas de los hechos a investigar. Pero hasta el momento esta solicitud no fue tenida en cuenta. Además, exigieron que se aparte de la causa y se destituya al Juez Jorge Samman, el mismo magistrado que dio la orden de desalojo para luego irse de vacaciones. Pero tampoco obtuvieron, hasta ahora, ninguna respuesta al respecto.
El gobernador Walter Barrionuevo separó de su cargo al ministro de Gobierno, Pablo de Lavilla; y aceptó la renuncia del Jefe de Policía, Jorge Ayarde, pero las organizaciones aclararon que no quieren renuncias, separaciones o trasladados, sino cárcel a los culpables.
El mandatario provincial también envió un proyecto de ley para expropiar cuarenta hectáreas pertenecientes a la empresa Ledesma. La iniciativa ya fue aprobada. La pregunta obligada es por qué recién lo presentó tras la muerte de cuatro personas y no antes, tal como lo había prometido.
Según la abogada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Mariana Vargas, la expropiación es una buena noticia en la medida que resuelve parte del problema a un sector de la población que necesita viviendas. “Pero no alcanza”, aclara. Otros integrantes de organizaciones sociales afirman que la decisión de Barrionuevo fue pensada tan solo como una forma de salir del paso de los reclamos, lo que podría llamarse “un manotazo de ahogado”.
Según un relevamiento de la propia Intendencia de Libertador, son 2.000 las familias con necesidades de vivienda, para resolverlas se necesitarían 50 hectáreas. Las autoridades locales afirman que no hay más tierras, pero lo cierto es que el Ingenio Ledesma posee 157.556 hectáreas, que fueron usurpadas a través del tiempo con la expulsión y el exterminio de los pueblos originarios. Sólo 40.000 hectáreas están actualmente en producción, el resto de los terrenos están ociosos.
Fue ante esta realidad que hace tres años cientos de familias comenzaron a organizarse y conformar una multisectorial, a partir de la que les exigieron a las autoridades que se les resuelva su necesidad de vivienda, para la que era necesario solamente 15 hectáreas. Las 15 hectáreas que fueron tomadas hace unas semanas y de las que fueron desalojados violentamente el jueves pasado. Pero la toma de esas tierras se produjo ante la falta de respuestas tanto del municipio como de la empresa Ledesma, quienes habían firmado un convenio en el que asumían el compromiso de gestionar esos terrenos.

Las relaciones peligrosas de los Blaquier

La relación entre esta familia y Jujuy tiene años. María Isabel Bertolotto en su artículo “El Ingenio Ledesma no para de matar” afirma: “El poder económico en ese lugar está encarnado en la familia Blaquier-Arrieta, dueños del Ingenio Ledesma, quienes hace años se han apoderado de ese pueblo, al punto de que se llega a hablar de “Ledesma” y no de Libertador Gral. San Martín. Como producto de ese proceso hoy continúan desaparecidos más de 30 militantes del campo popular, otros cientos de personas fueron encarceladas y perseguidas y todo un pueblo fue violentado en su forma de vida, en sus sueños y en sus proyectos”. Los Blaquier son los responsables ideológicos y partícipes necesarios de la llamada “Noche del Apagón” en el Ingenio Ledesma durante la última dictadura, en la que secuestraron más de 400 personas, muchas de ellas continúan desaparecidas. Hoy, mientras el gobierno nacional inaugura nuevas obras junto a esta “ilustre familia”, el Grupo Blaquier ocupa un lugar destacado en el directorio de la Unión Industrial Argentina. El vicepresidente primero de la UIA es Federico Nicholson, director del complejo azucarero Ledesma.
Además, Ledesma envenena y mata (no solamente a través de las balas policiales o de su seguridad privada): “El pueblo llegó a tener 93% de niños con principios de asma por los gases tóxicos que tira el bagazo, matan porque usan el río para su provecho económico ya que derivan el Río San Lorenzo para canales de riego privados”, señala Bertolotto en su nota.

Investigación, presiones y movilizaciones

Poco se conoce de la investigación de las cuatro muertes durante el desalojo en Libertador San Martín. Sí se supo que la autopsia realizada a una de las víctimas, Ariel Farfán, reveló que la bala que le fue extraída del cuerpo era una nueve milímetros, un calibre usado por personal policial. También hay fotos y filmaciones que muestran a personal civil efectuando disparos. Queda ahora por determinar si eran policías de civil o parte de la seguridad de Ledesma.
Las organizaciones sociales, en tanto, denunciaron que la madre de Ariel fue presionada por el gobierno provincial para que cambie de abogado. Según señalan desde la CCC, intentan que contrate a letrados cómplices del ejecutivo que buscan, en realidad, obtener un beneficio económico: “Como es el caso de los abogados Barrios y Garay que fueron aquellos que en el año 2003 fueron los abogados querellantes en las causas de los asesinatos de Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar, cómplices de la impunidad de esos casos. Nuevamente es el objetivo del gobierno provincial garantizar la impunidad presionando a la mamá de Ariel Farfán y obligándola a que tenga una posición de acusación hacia la dirección de la CCC, en especial sobre Kike Mosquera”, manifestaron.
En tanto, la CCC convocó a una nueva marcha para el miércoles 10 de agosto, a la casa de los Blaquier, llamada “La Rosadita”, ubicada en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, a unos 106 kilómetros al este de la capital provincial. El reclamo de justicia continúa.

Fuentes: La Vaca / Anred / AEDD / CCC / María Isabel Bertolotto (artículo: “El Ingenio Ledesma no para de matar”)

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