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jueves, 21 de junio de 2007

NO A LA LEY ANTITERRRORISTA DE K Y SUS SECUACES

NO A LA LEY
ANTITERRORISTA





El Gobierno de Kirchner
hizo aprobar su proyecto de Ley Antiterrorista en tiempo record.
Tenemos que
unirnos contra este avance represivo


El pasado miércoles 6 de
junio de 2007 la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación dio media sanción
al proyecto de ley antiterrorista, enviado el 20 de diciembre de 2006 por el
Poder Ejecutivo Nacional, con 51 votos a favor, correspondiendo a Vilma Ibarra
la defensa pública del proyecto en consonancia directa con Cristina Kirchner
impulsora del mismo en la Cámara Alta y 1 en contra, del senador del
Partido Socialista Rubén Giustiniani.

El proyecto aprobado por el
Senado fue girado el mismo 6 de junio a la Cámara de Diputados. Al día
siguiente, con mucha celeridad, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de
Diputados empezó a juntar firmas para un dictamen favorable al proyecto que crea
la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y penaliza la financiación
del terrorismo.

En la sesión de este miércoles 13 de junio, la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto por mayoría y lo convirtió en ley, con
los votos del Frente para la Victoria, la UCR y algunos partidos provinciales,
con la oposición del ARI, el PS, más los diputados Carlos Tinnirello y Miguel
Bonasso, pasando ahora el proyecto a manos del propio Kirchner para su
promulgación, la cual se descuenta ya que él mismo la ha redactado y
promovido.

La sanción de esta ley tiene como objetivo extender
el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta
enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia,
jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y
lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas
como “terroristas”.

Esta Ley Antiterrorista se enmarca dentro de la
doctrina jurídica más retrograda y fascista, reproduciendo la doctrina del
“Derecho Penal del Enemigo”, y el “Derecho Penal de Autor”, creando delitos que
no penan hechos, sino a sus autores por el sólo hecho de ser un luchador,
trabajador, o por pertenecer a una organización política, social, gremial o de
derechos humanos. Es en este marco que se utiliza la figura de la asociación
ilícita, que ha sido usada tanto por gobiernos de facto como constitucionales
para reprimir a los trabajadores y el pueblo.

Esta herramienta
represiva trata como un “terrorista” a todo aquel que forme parte (por el sólo
hecho de ser parte) de una organización (estudiantil, barrial, política, social,
gremial) que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante
la comisión de delitos (los fiscales interpretan siempre que cortar una calle o
una ruta es un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional
(ej. FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
siempre que la organización (llamada en el proyecto: asociación ilícita
terrorista), tenga un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico,
religioso o político (no podemos saber como se interpretará este requisito, pero
la existencia de más de 5.000 personas procesadas penalmente por luchar, nos da
un indicio), que esté organizada en redes internacionales (las organizaciones
políticas y sociales suelen tener contactos y relaciones con otras
organizaciones internacionales) y dispongan de cualquier medio idóneo para poner
en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas,
agravándose la pena para los jefes de la organización.

Se aprecia
claramente la vaguedad de los términos utilizados, los cuales permiten una gran
amplitud por parte del intérprete sobre que es una organización terrorista, lo
cual plantea el serio y fundado peligro de que esta herramienta represiva sea
utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de
organizaciones obreras y populares y a ellas mismas.

Reprime con
prisión de 5 a 15 años, a todo aquel que colabore de alguna manera con
cualquier integrante de esta organización “terrorista”, independientemente que
esa persona u la organización efectúe acto o hecho alguno.

Esta
legislación asimismo es sumamente retrógrada en materia de refugio y asilo
político.

La ley amplía las facultades ya de por sí amplísimas de la
Unidad de Información Financiera, dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación , para investigar y atacar las fuentes de ingresos de las organizaciones
sociales, y políticas populares disponiendo (arts. 4 a 8 de la ley) que se las
debe investigar, pudiendo disponer de los servicios de todas las agencias de
inteligencia del Estado, teniendo acceso a cualquier tipo de información sobre
cualquier persona sin importar el carácter de los datos, solicitar la suspensión
de cualquier operación o acto aún antes de su realización cuando existan a su
criterio indicios de que se trata de dinero proveniente o con destino a un
“integrante” u “organización terrorista”, solicitar la confiscación preventiva
de fondos a organizaciones populares.

Por medio de esta ley (la
cual se complementa entre otras con la 25.241, 25.246 y los diferentes tratados
internacional sobre terrorismo) se profundiza la institucionalización de los
infiltrados y provocadores en las organizaciones obreras y populares, así como
la incorporación de la figura del arrepentido (art. 9 que hace aplicable la ley
25.241), etc.

Con esta ley el Gobierno de Kirchner dice responder a una
exigencia del gobierno de los Estados Unidos y del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) que habían adelantado que considerarían a la Argentina como
"país no confiable para las inversiones" si no sancionaba una norma que castigue
al terrorismo antes del 23 de junio.

Ante las presiones
internacionales de Estados Unidos, Israel y distintos organismos internacionales
(ONU, GAFI, FMI, entre otros) sobre Argentina y el resto de los países de
América Latina, y por la necesidad de contar con una herramienta represiva legal
contundente frente a cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus
objetivos, Kirchner ha manifestado en innumerables oportunidades su compromiso
en la lucha contra el llamado “terrorismo”, siendo por su iniciativa que, la
República Argentina aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana
contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, así como ha ampliado la capacidad operativa del
Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la
Policía Federal Argentina, organismo creado durante la presidencia de Menem, el
cual cuenta con un centro de detención especial –una cárcel al margen de la ley-
para “terroristas” ubicada en la calle Cavia al 3300 de esta Ciudad de Buenos
Aires.

El Gobierno de Kirchner manipula el atentado a la AMIA para
justificar la sanción de la Ley Antiterrorista , cuando es el propio Ejecutivo
Nacional quien garantiza la impunidad de los responsables negando la apertura de
los archivos secretos de inteligencia existentes sobre el atentado y desviando
la investigación según los intereses de los Estados Unidos e Israel. Ni el
atentado a la AMIA , ni ningún otro de los crímenes cometidos contra el pueblo
argentino se resuelven con esta Ley Antiterrorista, la cual esta al servicio de
la impunidad de ayer y de hoy.

Cuando aún se encuentra pendiente la
solución de los grandes problemas del pueblo argentino, el Gobierno de Kirchner
promueve la aprobación de legislación que desarrolla y legitima el poder de
represión en manos de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, a
pesar de que el propio Presidente ha reconocido que dentro de los mismos aún
trabajan sectores importantes relacionados con la represión de la
dictadura.

Mientras tanto continúa desaparecido el compañero Jorge
Julio López, secuestrado hace más de 9 meses, siguen las amenazas y secuestros a
testigos, querellantes de hechos perpetrados durante el genocidio de la
dictadura, se mantienen los indultos y la impunidad para los genocidas y se
profundiza la represión a los que luchan, como lo demuestra el fusilamiento del
compañero Carlos Fuentealba en Neuquén y la militarización de la provincia de
Santa Cruz, donde la ciudad de Las Heras fue ocupada por la Gendarmería y desde
hace un año y cuatro meses mantiene como rehenes a seis presos políticos.
Del mismo modo siguen detenidos compañeros de organizaciones que confrontan con
el gobierno, o permanecen presos a la espera de resolución del juicio de
extradición seis campesinos paraguayos que vinieron a la Argentina a solicitar
refugio.

Con esta política, el Gobierno no sólo sostiene la
impunidad que dice combatir sino que avanza día a día en la represión a las
luchas del movimiento obrero y popular.


NUESTRA RESPUESTA NO SE PUEDE HACER ESPERAR!


Es por esto que llamamos a unir todos los
esfuerzos de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales,
partidos políticos, intelectuales, estudiantes, trabajadores ocupados y
desocupados para repudiar e impedir la aplicación de la Ley Anti-Terrorista ,
así como para luchar por su derogación y la de los tratados internacionales que
le sirven de base, coordinando actividades, movilizaciones y todo tipo de
acciones políticas.



Buenos
Aires, 13 de junio de 2007.













Sent: Saturday, June 16, 2007 3:05
PM

Subject: DOCUMENTO LEY
ANTITERRORISTA




Cros, Les enviamos el texto sobre la ley antiterrorista que entregaremos
el lunes en la Conferencia de Prensa, como siempre, pondremos todas las firmas
del documento del 24 de marzo más las nuevas que nos envíen
menos las de aquellas organizaciones que nos hagan saber por este medio
que no quieren firmar. Saludos fraternos. AEDD - P/ Encuentro MVJ



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