LA REFORMA JUDICIAL, UN BUMERAN A PRUEBA DE
TONTOS
La Corte
Suprema falló, como todos preveíamos, en contra de la Ley de
Reforma de la Justicia que el kirchnerismo aprobó por
mayoría en el Congreso, la que partidizaba la conformación
de la magistratura encargada de elegir a los jueces, con lo
cual el Poder Ejecutivo (el actual y los que vinieran
después) se asegurarían un Poder Judicial adicto, con todo
lo nefasto que ello significa. Haber querido forzar
semejante engendro no hace más que mostrar la desorientación
del gobierno para intentar defender los desquicios que ha
provocado, lo que sumado a la soberbia permanente de sus
integrantes, no sólo no es buen augurio para el futuro del
pueblo, si no que termina haciéndole representar un papelón
de enormes dimensiones al oficialismo: ni un principiante en
política cometería semejante error. Uno de esos que terminan
pasando factura de las grandes.
Lo cierto es que acosado por sus propios yerros, por el humor popular y por una realidad económica cada vez más complicada, la cosa se le pone oscura al kirchnerismo en un año electoral. El fallo de la Corte es INAPELABLE en el país, por lo que CFK ya no podrá aspirar a controlar la Justicia como pretendía. Algunos aventuran que el gobierno "nacional y popular" va a recurrir a las Cortes Internacionales, lo que sería una muestra más de un raro concepto de "soberanía" que se somete a tribunales foráneos, instrumentos siempre del Imperialismo capitalista. No sería de extrañar: la misma contradicción lleva a cabo con la "Deuda" ilegal, ilegítima y fraudulenta.
Pero lo peor que hace el kirchnerismo es bastardear toda legítima aspiración popular, tergiversándola o cerrándole las puertas por decisión propia o por torpeza. Porque lo cierto es que reformar la Justicia en Argentina es imprescindible, pero abriéndole las puertas en serio a la soberanía popular, no engañando a las masas para que voten a sus propios verdugos. La trampa de la truncada ley del oficialismo estaba en querer hacer ver como que el pueblo elegía a los jueces, cuando en realidad votaba a los que elegirían a los jueces, delegando esa potestad a individuos organizados en un partido político. Soberanía Popular es otra cosa, por ejemplo, que las masas proclamen directamente a los encargados de impartir justicia, en procesos electorales diferenciados de los otros dos poderes y sin la intervención de los partidos políticos. Eso sí sería una reforma en favor de las mayorías populares, no ese mamarracho tendencioso para salvaguardar los intereses nada cristalinos de quienes ejercieron la función pública en la "década ganada” por las multinacionales.
Pero claro,
esperar eso de Cristina sería más ingenuo que pedirle peras
al olmo
Gustavo Robles
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