incoherencia es el mal mas notorio que sufren los ciber k, al no poder analizar, confrontar proyectos, descolgar alguna idea de sus cabellos, solo se irritan el colon y les sale insultos. El twitter es una muestra mas de lo que gasta este gobierno de nuestros impuestos pagando a personas para que solo insulten, verdadera pena, usar esos fondos de esta forma, cuando hay personas muriendose de hambre en el Chaco, y tantas provincias de mi pais.
Hoy asistimos a la posibilidad de ver varios multimedios entre ellos el generado por el gobierno kirchnerista y su gordito discipilo de lo conveniente MARIOTTO, cuando se suponia que ellos
pensaban combatir los multimedios, logrando igualdad de libertad de expresion, lograron censura, violencia expresiva y una multitud de inexpertos autotitulados periodistas conduciendo programas de decima.
picamiel
En Perón y los medios de comunicación (Sudamericana), el periodista Pablo Sirvén actualiza su mirada sobre la conflictiva relación que los distintos gobiernos justicialistas, en susdiversas vertientes ideológicas, tuvieron casi siempre con la prensa. Aquí, un fragmento sobre las llamativas oscilaciones entre el intervencionismo salvaje y el ultraprivatismo
Sólo el peronismo, durante sus distintos gobiernos (1946/55, 1973/76, 1989/99 y 2002/2011) y los militares (Aramburu, en 1958; Lanusse, en 1972 y Videla, en 1980) se han ocupado, a su manera, de los medios audiovisuales. Los gobiernos de facto solían llamar a concurso antes de abandonar el poder para influir, de alguna manera, en la conformación de los grupos ganadores. Por su parte, las administraciones peronistas han coincidido todas en ser fuertemente intervencionistas, aunque con objetivos diametralmente opuestos: las de Perón, Lastiri, Isabel Perón y Cristina Kirchner resultaron claramente estatizantes. En cambio, las de Menem, Duhalde y, sorprendentemente, Kirchner (que durante su gestión nunca pasó a los hechos como sí luego haría su esposa) han ostentado sesgos pro privatistas. Claro que, sin un marco legal previo bien establecido y consensuado, las decisiones solo se parecen a graciosas concesiones cuasimonárquicas.
Así, tan contradictoriamente, Néstor Kirchner [...] en 2005 les regaló diez años más de licencia a canales de TV y radios, en tanto que su esposa, cinco años después, estatizó las transmisiones del fútbol y en 2011 duplicó la apuesta con el programa "Deportes para Todos".
La gran pregunta pendiente entonces es cuál es la política de fondo que en materia de comunicación aplica el peronismo a lo largo del tiempo.
Cuando se pasa rápida revista a lo que hicieron las doce presidencias que ostentó este partido en ese sentido, lo que se constata es una profunda incoherencia, con muy marcadas y contradictorias idas y venidas en la materia, que han costado frustraciones y millones, y cuya falta de lógica aún no ha provocado una imprescindible autocrítica en el seno de ese masivo movimiento que lo convenza de no seguir cometiendo los mismos errores, yendo para atrás y para adelante, en medidas de sesgo inverso entre un período y otro, con lo cual no sólo no hay una política de Estado a través del tiempo sino ni siquiera una continuidad ideológica coherente, por el errático zigzagueo descripto.
Hay una llamativa oscilación entre extremos que van desde el más salvaje intervencionismo estatal (Perón, 1946-55) al más desaprensivo ultraprivatismo (Menem, 1989-99). Lo más curioso e insólito es que también se registran versiones más atemperadas, pero igualmente contrastadas, en el seno de una misma corriente interna como es el kirchnerismo (Néstor Kirchner, 2003-07, proprivatista por acción y omisión; y Cristina Kirchner, 2007-2011, crecientemente intervencionista).
Consigna Sergio Arribá, en uno de los trabajos compilados por Guillermo Mastrini en Mucho ruido, pocas leyes(La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2009), que "la restricción de libertades públicas, uno de los elementos más cuestionados del gobierno de Perón, se erigió sobre la base de seis medidas contundentes: a) expropiación y limitación de papel -para regular los principales diarios del país-; b) modificación del Código Penal -para evitar la crítica exhaustiva al Gobierno, potenciando la figura del desacato hasta alcanzar la pena de tres años de prisión-; c) declaración del estado de guerra interno y del estado de sitio -para suspender las garantías constitucionales-; d) allanamientos, clausuras y expropiaciones de medios de prensa gráfi ca -para restringir la competencia y la pluralidad informativa-; e) adquisición de talleres de imprenta, medios de prensa gráfica y radiodifusión por parte del Gobierno -para centralizar el poder-, y f) creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas -para controlar el sistema de prensa gráfica-".
El regreso del justicialismo al poder en los años 70 mostró a un Perón anciano mucho más dubitativo en la materia, aunque escoltado por férreos lugartenientes que tomaron en su nombre drásticas medidas en consonancia con lo hecho en los años 50: Raúl Lastiri intervino parcialmente los canales de TV; Isabel Perón directamente los estatizó por completo.
El motor en reversa se da en tiempos del menemismo. Así lo explican Daniela Blanco y Carlos Germano en 20 años de medios y democracia (Ediciones La Crujía, Buenos Aires, 2005): "Las modificaciones normativas introducidas por la administración del presidente Menem, en especial la Ley de Reforma del Estado, generaron un cambio fundamental en la estructura de la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina", que dieron lugar a la formación de poderosos multimedios, la privatización de los canales 11 y 13, y el ingreso irrestricto al área de capitales extranjeros.
El aporte del presidente Duhalde, en el siguiente acto, plena crisis posterior a 2001, es por demás original: su intervencionismo fue en función de salvar a los grandes grupos mediáticos privados, según los autores mencionados, mediante "una devaluación con pesificación asimétrica de las deudas con los acreedores locales y un seguro de cambio para la deuda que se encontraba en el exterior", con una sustancial modifi cación a la ley de quiebras (que excluía el cram down, lo que alejaba el temible fantasma de que un acreedor extranjero, ante la falta de pago, pudiese absorber empresas argentinas).
Durante sus cuatro años de gobierno, Néstor Kirchner no se interesó por modifi car la ley de radiodifusión de la dictadura, le regaló graciosamente diez años más de licencia a los canales y las radios, dejó firmada la fusión entre Cablevisión y Multicanal, no se interesó en lo más mínimo en Papel Prensa ni en el origen de los hijos de Ernestina Herrera de Noble y hasta privatizó noticias trascendentales (como el fugaz regreso al redil K de Roberto Lavagna, "exclusiva", en su momento, de Clarín). En cambio, desde la asunción de Cristina Kirchner a la presidencia el afán intervencionista en materia de medios fue ostensible, continuado y bien activo: crecimiento exponencial de la publicidad oficial, acrecentamiento del aparato formal e informal de medios acólitos, blanqueo de capitales para invertir en empresas de comunicación, fogoneo y sanción de la ley de servicios audiovisuales, mayor hostigamiento verbal hacia el periodismo, creación de nuevas señales públicas de cable y de un sistema de televisión satelital estatal, asociación con la AFA para comercializar el fútbol por TV, elección de la norma en que transmitirá la TV digital y los incesantes embates contra Papel Prensa.
Las significativas movidas en el área de comunicación en los gobiernos kirchneristas buscaron siempre mayor verticalidad y dependencia a lo largo del tiempo: la promoción de Alfredo Scocimarro, como vocero presidencial; el alejamiento del polémico Pepe Albistur al frente de la Secretaría de Medios, quedando esta vacante durante bastante tiempo bajo la férula del jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el reemplazo de Julio Bárbaro al frente del Comfer por el gran mentor de la nueva ley de medios, Gabriel Mariotto; la elección de Martín García como director de la agencia oficial de noticias Télam que reivindicó el periodismo "militante"; la llegada, en 2011, a la titularidad de la Secretaría de Medios del ladero de Kirchner en la Unasur, Juan Manuel Abal Medina, y antes el otorgamiento de una veintena de licencias radiales en el interior, y la creación de una dirección de medios comunitarios para hacer llover dinero en cantidad que aliente más voces y plumas afi nes.
El ideal K es, mediante la ley de medios, obligar a los más grandes multimedios a resignar porciones importantes de su patrimonio de compañías relacionadas con la industria de la comunicación para posibilitar su reemplazo por nuevos conglomerados audiovisuales más afi nes al Gobierno y con poder económico, listos para cooptar a esos náufragos, loteados al mejor postor.
La nueva norma reserva para el Estado y para entidades comunitarias el 66 por ciento del espectro de las ondas de radio y TV. A los privados los constriñe al tercio restante del sistema, no sin pisotearles algunos derechos adquiridos, con la intención de obligar a grandes holdings a "desinvertir" en plazos perentorios para que algunos de sus medios puedan ser cooptados por otros grupos económicos (algunos de ellos, claramente allegados al poder). Es loable la intención de regular el ámbito para que no haya monopolios, el fomento de la producción de contenidos educativos e infantiles, y que los medios estatales se transformen en públicos y no gubernamentales.
Pero la nueva ley tiene una indisimulada apetencia por esmerilar al Grupo Clarín, al que se pretende imponerle una cláusula de desinversión para achicar su gigantesco multimedios, por ahora sin mayores resultados por sucesivas causas interpuestas en la Justicia que lo preservan de sus efectos y todavía pendiente de resolución.
El proyecto se ajusta a pie juntillas a todos y cada uno de los 21 puntos presentados al gobierno anterior, en 2004, por organizaciones sociales que forman parte de la Coalición por una Radiodifusión Comunitaria, combina buenas intenciones (más producción nacional, "tarifa social" del cable para los más humildes) con cierto candor (se reserva un 33 por ciento del espectro para entidades comunitarias, pero no se las obliga a un determinado nivel de profesionalismo con el que deberían emitir ni se especifica quién las sostendrá económicamente) y mucho intervencionismo estatal que se cuela ostensiblemente o en forma solapada en una parte sustancial de sus 148 artículos, en los que pierden los cables, ganan las telefónicas y se tiende a atomizar las inversiones en un momento particular del mundo y del país, en que, al revés, se están autorizando fusiones para afrontar mejor eventuales crisis.
En cuanto a la regulación de la publicidad oficial: bien, gracias. Cristina Kirchner, quien cada vez más seguido habla obsesivamente en contra de los medios, se tornó en ese contexto poco creíble cuando presentó su proyecto "protector" sobre medios audiovisuales en su lugar preferido de lanzamientos partidarios del kirchnerismo (el Teatro Argentino de La Plata) y consintió gustosa las agresivas consignas de la ruidosa claque, allí presente, contra Clarín.
A pesar de todo, el Gobierno siguió victimizándose frente a los grandes medios.
Cuando Néstor Kirchner se autocompadecía por no contar con los "fierros mediáticos" y su esposa, la presidenta, continuaba cuestionando el "relato" supuestamente malintencionado que hacían los medios de su gestión, se intentaba convencer de que toda la cobertura periodística que circulaba en la Argentina estaba exclusivamente en manos de los medios de comunicación que más declaraban aborrecer.
La existencia de un gigantesco "cuco" mediático de un lado y el kirchnerismo gobernante, inerme, del otro, sin ningún tipo de defensa comunicacional, fue una de las grandes falacias que circularon en la convulsionada Argentina de estos tiempos. Tanto la repitieron los sinceramente convencidos y los "idiotas útiles" (para decirlo en palabras del general Perón) como los genuflexos de profesión o los que sacaron buena tajada de la chequera oficial.
En psiquiatría llaman proyección al fenómeno de endosar al otro el error que uno mismo comete: en este caso, la acusación de "discurso unificado" -Néstor Kirchner culpó repetidamente a los medios de trabajar de manera coordinada- no se compadece con la realidad y encubriría, en cambio, el deseo de disciplinar todos los contenidos minimizando las opiniones discrepantes, tal cual sucedió entre 1946 y 1955.
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