Scioli mostrando su ladito facho!!!

Para Daniel Scioli, las villas son “aguantaderos”

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que va "a resolver" la "inaccesibilidad" de las villas de emergencia del conurbano, que calificó como "aguantaderos" y "lugares de alta peligrosidad".

Argibay: "En breve van a meter presos a nenes de 3 años"

Y tiene razòn, si evidentemente no hay cabeza para darse cuenta que el aumento de la violencia y marginalidad pasa por otro costado que no se soluciona, por muchas carceles que pongan, habra mas violencia y mas crimenes y robos. picamiel

La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay se metió de lleno en la polémica por la baja de inimputabilidad de los menores que cometen delitos. La jueza consideró absurda la iniciativa e instó al Estado a concretar programas de prevención, educación e inclusión social. “Van a bajar a 14 años y va a seguir igual; y lo van a bajar a 12 y va a ser igual. Dentro de poco vamos a tener al nene de tres años del jardín de infantes preso porque le pegó a su compañerito con la pelota en el pelotero”, subrayó la mujer. Luego, Argibay agregó que lo necesario es combatir la exclusión social, “porque hace que muchos niños y adolescentes tengan una corta expectativa de vida por carecer de contención de parte del Estado y estar totalmente reventados por el paco”.La magistrada hizo estas declaraciones en los Tribunales de Rosario tras participar, junto con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, del XII Congreso Nacional y II Internacional de Capacitación Judicial, del que participaron representantes provinciales y de países latinoamericanos. SUS DIFERENCIAS CON CRISTINA. En otro orden, la magistrada defendió, además, el desempeño de los jueces de los ataques de la presidenta, Cristina Fernández, y remarcó que los magistrados que conceden la excarcelación están cumpliendo la ley, dado que la Constitución puntualiza que se necesita de un juicio para demostrar la culpabilidad. “La Constitución dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Está haciendo referencia a que la culpabilidad se demuestre en un juicio. Mientras tanto el imputado es inocente, y el inocente no tiene por qué estar en la cárcel”, subrayó.El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, presentó la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves tras la muerte de un ingeniero en San Isidro, hace dos semanas, pero el proyecto causó una polémica generalizada y fue rechazado desde varios sectores. En la provincia de Buenos Aires, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, 400 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, y gran parte de ellos vive situaciones extremas de marginalidad y de pobreza.

Las causas judiciales del Gobierno, en ascuas

El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, criticó hoy duramente la decisión de la Procuración General de la Nación de limitar las investigaciones de corrupción, que en muchos casos involucran a funcionarios nacionales, y pidió que sea el Congreso el que regule las facultades del organismo a su cargo.Entre las causas más resonantes de los últimos tiempos, el fiscal intervino en las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, la denuncia sobre la manipulación de los datos del INDEC, el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner y el caso contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por supuestos sobreprecios en la remodelación de vagones."Evidentemente hay problemas, hay impunidad, no hay sentencias y la cuestión sobre las facultades de la fiscalía pasa a sumarse a la serie de problemas que evidencian que la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción", advirtió.Garrido, en diálogo con radio Continental, lamentó que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, haya acotado las atribuciones de la FIA -organismo que preside desde hace cinco años- para investigar los delitos de corrupción que, entre otros, involucra a funcionarios públicos nacionales.El funcionario dejó en claro la gravedad de la situación: "La interpretación de que la fiscalía no está especializada en la investigación de la corrupción, que es lo que surge de la resolución del procurador (Righi) de ayer, viene a poner sobre el tapete que no hay ningún organismo independiente especializado en investigar y en perseguir la corrupción", alertó. Concretamente, Righi recurrió al concepto de "intervención necesaria" de la ley del Ministerio Público en lo que se refiere a esa fiscalía, para recortar la intervención de Garrido en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. El fiscal enfatizó que la persecución de actividades delictivas "es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte, y de hecho la Argentina es parte".Garrido confirmó que, de ahora en más, "en cualquier causa en la que la fiscalía haya intervenido o haya investigado pero que la denuncia haya sido presentada por otro, no tiene ninguna posibilidad de intervenir ni siquiera subsidiariamente".

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AUMENTAN LAS CESANTÍAS

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El crack ya hace ruido: suben los despidos

Pese a que en un primer momento Cristina Fernández minimizó los efectos de la crisis mundial en la Argentina, finalmente los coletazos del tsunami financiero empiezan a llegar a las playas del sur. La industria automotriz fue de las primeras en sentir los cimbronazos, con suspensiones y vacaciones adelantadas, aunque también hubo problemas en los sectores textil, petrólero, rural y aceitero. Según un relevamiento realizado por Críticadigital, el número de trabajadores afectados es significativo y se aproxima a los 10 mil. Pese a esta situación, la Presidenta anticipó el tradicional anuncio del INDEC e informó que la desocupación bajó al 7,8%. Si bien las cifras oficiales señalan que la tasa global se redujo, en un tercio de las ciudades del país el desempleo aumentó, experimentándose las subas más pronunciadas en Corrientes, Santa Fe y Viedma-Carmen de Patagones.Con respecto a la situación económica en el país, en diálogo con este medio, Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, se mostró pesimista para el 2009: “Pese a que el presupuesto habla de un crecimiento del 4%, creo que el número el año que viene puede a ser negativo. Argentina entraría en recesión por la crisis mundial y la falta de crédito”.Spotorno explicó que “la desaceleración de la economía ya se venía vislumbrando desde el conflicto con el campo. Ahora, el enfriamiento mundial traerá problemas en nuestras industrias exportadoras”. Además recomendó un dólar de referencia que se mueva entre la banda de $3,40 a $3,70 “para evitar una caída mayor de la que se dará en los puestos de trabajo”. Por el contrario, el titular de la consultora Abeceb.com, Dante Sica, sostuvo a Crícitadigital que "el techo de la economía para el año que viene será de un crecimiento del 3 por ciento", pero negó ver un escenario negativo: "para eso creo que hay que esperar hasta el primer trimestre del año que viene", dijo. Sica, también, subrayó que "la industria automotriz fue una de las locomotoras del crecimiento argentino y esta rama va a tener estancamientos en el 2009. Igual, generan más incertidumbre las decisiones del Gobierno nacional que la crisis financiera mundial".Mientras tanto, la CGT ya está en alerta y comenzó el lobby para evitar una sangría entre el ejército de asalariados. En ese sentido, el secretario adjunto de la central obrera, Juan Belén, reconoció que “todas las empresas se achicaron por el enfriamiento de los mercados mundiales, en especial el brasileño. Son multinacionales que responden a órdenes de las casas matrices y no contemplan la cuestión social. Pero igual, el dinero que han ganado durante cinco años tienen que ponerlo para paliar la crisis”.En ese sentido, desde la CGT tiraron sobre la cancha dos posibles herramientas para evitar el desplome laboral. “Pedimos una tregua hasta marzo para ver cómo evoluciona la crisis. Se pueden hacer suspensiones con pago de un 80% -ejemplifica Belén-. También puede volver la doble indemnización para desalentar a las empresas que quieran despedir”.ALGUNOS CASOS QUE PONEN EN VILO A MILES DE TRABAJADORESLAS AUTOMOTRICES, PRIMERAS EN REACCIONAR. Los trabajadores de Córdoba y Santa Fe comenzaron a sufrir las consecuencias de la crisis mundial. Es que en esas provincias se concentra la mayor cantidad de fábricas de autos del país. Ya hubo suspensiones y adelantamiento de vacaciones. Sobre ese tema, el encargado de prensa de SMATA Córdoba, Leonardo Almada, explicó a Críticadigital que el gremio de los trabajadores automotrices “se mantiene en contacto constante con las empresas. La estrategia es mantener el diálogo para que no haya ni un solo despido. Se aceptan las suspensiones pagas y los adelantos de vacaciones como una manera de capear el temporal todos juntos, obreros y empresas”.En estos días se sucedieron las noticias luego del enfriamiento de los mercados de Brasil y México, a los que se exporta la mayoría de la producción de vehículos. La planta de camiones Iveco determinó suspensiones rotativas para sus 900 trabajadores los días jueves y viernes, hasta fin de año. Les abonará el 75% de los salarios. En un primer momento, la empresa intentó desprenderse de 300 operarios contratados.En tanto, Volkswagen decidió la suspensión de 368 operarios con contratos eventuales durante los fines de semana de este mes, que recibirán el 75% de sus salarios.La autopartista Gestamp adelantó las vacaciones a 300 empleados contratados y redujo sus turnos de producción de cuatro a dos. Sobre ese tema, Almada explicó que las empresas que giran en torno a las automotrices sufren más debido a que “en general son pymes que tienen como únicos clientes a las multinacionales”.Las suspensiones y los conflictos laborales en el sector llegaron a pesar de que la producción nacional de automóviles aumentó en octubre un 5,1% en relación con igual mes de 2007, según señaló el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). No obstante, la actividad en octubre registró una baja del 7,7%, puntualizó ADEFA. Las exportaciones observaron una suba del 1,2% en relación con septiembre.EL CASO GENERAL MOTORS. La multinacional, con sede en Rosario, anunció la semana pasada 500 despidos que fueron desactivados por el gobierno provincial de Hermes Binner. Sin embargo, en las reuniones entre SMATA y General Motors aún no hubo acuerdo y corrió el rumor de su posible retiro del país. Desde la empresa desmintieron a Críticadigital esa opción: "Todo lo contrario, GM está invirtiendo unos 500 millones de pesos en el país en el 2009".SE ENFRÍA EL ACEITE. El gremio de aceiteros de Rosario anunció que unos 300 trabajadores fueron suspendidos por la baja en las exportaciones mundiales. Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros, lamentó la actitud de los empresarios “que hasta hace un mes juntaban con pala las ganancias. Produjeron y ganaron lo que pudieron tener en diez años y cuando bajan un poco deciden parar de producir”.VIDRIERAS VACÍAS. En Rosario, además, hubo 200 suspensiones en comercios por la baja en las ventas. A esto se suman unos seis despidos en la misma ciudad. En tanto, en Rafaela hubo 36 despidos en una red de venta de electrodomésticos. Sin embargo, los trabajadores negocian su reincorporación en el Ministerio de Trabajo provincial. Desde el Centro Unión de Empleados de Comercio de Santa Fe enumeraron los despidos registrados hasta ahora en la ciudad capital: 10 en Ineco SRL (venta de aires acondicionados), 50 en la financiera Confina y 11 en Frávega. Ya durante el mes de octubre, con los primeros coletazos del crack mundial, el Gobierno nacional frenó unos 350 despidos que estaban anunciados en la cadena de artículos para la construcción Easy, del grupo chileno Cencosud. BANCOS EN LLAMAS. El gremio bancario había anunciado un paro para el miércoles pasado. Piden $1.000 pesos extras y alertan sobre la posibilidad de que haya "miles de despedidos y retiros voluntarios". Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para desactivar el conflicto.CURTIDORES DE DESPIDOS. El sector cárnico es otro de los que viene sintiendo las caídas desde el conflicto con el campo y luego la crisis mundial. Las Toscas, pequeña ciudad del norte santafesino, es la que sufrió el mayor impacto social al conocerse el despido de 480 trabajadores. La curtiembre Arlei argumentó que la crisis mundial -en un sector fabril que destina a la exportación el 95% de la producción- generó la decisión. Además se disminuyó la jornada de trabajo, se van a adelantar vacaciones, habrá suspensiones temporarias y no se descartan nuevos despidos entre los 500 trabajadores en actividad. La curtiembre procesaba unos 10 mil cueros diarios y en las últimas semanas la producción no superó los 1.800.PAPELES Y PETRÓLEO. En Capitán Bermúdez, la papelera Celulosa Argentina dejó sin efecto 100 contratos. La empresa asegura que bajaron las ventas y que no renovaron los contratos para poder pagar los sueldos de los empleados de planta. Por otra parte, cinco equipos de perforación quedaron desactivados en la zona de Comodoro Rivadavia hace poco más de un mes y 200 empleados del sector pretenden ser reubicados en otras operadoras petroleras. El Sindicato del Petróleo y Gas Privado declaró el estado de alerta y movilización y espera definiciones sobre el anuncio del gobierno nacional sobre el programa “Petróleo Plus” que, trascendió, permitirá mantener el nivel de inversiones y las fuentes de empleo.

POR QUE SERAN TAN NABOS????

Por Martín Caparrós

¿Por qué serán tan nabos? Se creyeron que podían convertir a la Argentina en un país realmente tercermundista sólo para lo que les convenía. Se creyeron que podían construir una sociedad con miseria, un tercio de excluidos, escuelas devastadas, hospitales vacíos, millones de jóvenes sin nada que hacer –y tasas de criminalidad escandinavas. Como casi no había oposición política, se creyeron que podían organizar un verdadero país latinoamericano donde los pobres fueran muy pobres y unos pocos se quedaran con todo, y que la fiesta iba a ser gratis. Pero era otro error de esta banda de inútiles, y ahora se ve claro: la inseguridad que tanto nos preocupa es uno de los efectos más demorados y durables de la dictadura militar y las democracias que la siguieron y convirtieron a este país en otro país –con la complicidad de muchos de sus ciudadanos. En los países latinoamericanos la violencia criminal siempre fue –y todavía es– aun mayor que la de aquí y ahora. Pero nos vamos acercando con tesón, día tras día, tiro a tiro. La pobreza ayuda, pero no quiero decir que los pobres sean ladrones ni que los ladrones lo sean porque son pobres. Me parece claro que el aumento de la delincuencia violenta viene sobre todo de la destrucción de las redes sociales, que hace que cada cual se sienta aislado, solo, y tire para su lado –y que no le importe, entonces, robarle al vecino– y, sobre todo, de la falta de futuro: elegir una vida de delito –y su riesgo de muerte– sólo tiene sentido cuando la alternativa es parecida a nada. –Todo bien, estimado, podemos hablar un rato largo. Pero el problema son los asesinatos de hoy, de mañana. –Tiene razón, todo esto importa poco. Salvo, quizá, para orientarse si hay que buscarle soluciones. La violencia del delito ocupa –según todas las encuestas– el centro de las preocupaciones de los argentinos. Con sobresaltos periódicos cuando hay muertes horribles en barrios más caros. Los sobresaltos son un tributo a la potencia de la clase media. Hay muchas más muertes todos los días por falta de atención médica, pero eso no nos sucede, en general, a los ciudadanos con prepaga, y nunca el desastre de los hospitales públicos ha motivado una manifestación como la del domingo ni tapas de los diarios: allí también hay muertos que buscan asesinos, sólo que no suelen ayudarlos jueces ni policías. Que sí buscan a los ladrones violentos –y es lógico que lo hagan, y que medios y ciudadanos se preocupen: nos amenazan. Lo interesante, con perdón, de la inseguridad, es que es un síntoma que hace que quienes no sufren directamente la marginalidad le presten atención. Quizá, en ese sentido, la delincuencia sea un resultado –dolorosamente– eficiente de la exclusión: la hace visible para quienes en general eligen no verla, como los piquetes hicieron visible la desocupación a los que habían preferido comprar heladeras. Son las reglas del juego, y todos lo jugamos: cada sector usa sus recursos para hacerse escuchar. El domingo, en San Isidro, miles cantaban pidiendo protección: –¿Adónde están, / adónde están, / los que nos tienen que cuidar? Era, curiosamente, un reclamo al Estado. Muchos de los que quisieron privatizar también la seguridad pública y la reemplazaron –sin éxito– por vigilantes y garitas pedían al Estado que se hiciera cargo del deber de protegerlos. Tienen todo derecho. El problema es que sólo la policía puede ofrecer cierta protección en lo inmediato, y la policía realmente existente es, muchas veces, fuente de lo que debería solucionar. Es muy difícil confiar en esta policía –y darle más poder a esta policía– porque su historia demuestra que no suele hacer buen uso de ese poder. Y lo que pasa con la policía –fuerza de coerción del Estado– es un modelo a escala de lo que pasa con el Estado en general. Ya lo decía el otro día a propósito de las AFJP: estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la jubilación vuelva al Estado, el problema es este Estado al que vuelve, manejado por este gobierno. Estoy de acuerdo –en este momento– con que haya más protección policial, el problema es esta policía que debería protegernos, manejada por sus mandos y por este gobierno. Y así de seguido: en este momento necesitamos más Estado, pero el problema es el estado del Estado. –Estimado, pare con la cháchara. Mucho diagnóstico, pero no hay tratamiento. –Y sí, así somos, vio, los izquierdistas. En estos días miles de ciudadanos preguntan quién nos cuida, y los políticos contestan que ellos se encargan. Está claro que no se encargan –de la seguridad como tampoco de las escuelas, hospitales, jubilaciones, ideas de sociedad, proyectos de país: sólo se encargan del poder. Pero si están ahí es porque los seguimos votando y, mientras sigamos, seguirán sin encargarse. En última instancia, los que nos tienen que cuidar somos –para bien y para mal– nosotros mismos. Para que haya un Estado que cumpla sus funciones, manejado por políticos que cumplan sus funciones, tiene que haber ciudadanos que cumplan sus funciones y se preocupen por ese funcionamiento un poco más a menudo, no sólo cuando los asaltan.La única solución a largo plazo es armar la sociedad desarmada: recuperar el tejido social, deshacer diferencias ofensivas, educar y reintegrar a los desintegrados. El problema es el corto plazo, mañana y pasado. A mí tampoco me gustaría que jóvenes muy comprensiblemente iracundos me atacaran. Pero, la verdad, no veo ningún remedio inmediato –y eso sí que es grave. El mal es estructural; la solución también tiene que serlo. Puede haber –ojalá haya– ciertos remiendos parciales; no va a haber solución si no armamos, entre muchos, una sociedad en serio. Y la ola criminal es, quizás, el precio que tenemos que pagar para entenderlo. Es duro, pero es lo que supimos conseguir, de puro nabos. (Hay, pese a todo, otra opción, que algunos parecen proponer: militarizar la sociedad para que nada se mueva sin control, la nunca bien ponderada mano dura. Seguramente así se evitaría más de un asalto. Pero cuando un policía receloso confunda a uno de nuestros hijos con un peligroso delincuente y lo baje de cuatro balazos, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? ¿A los que lo pidieron? Y aun si fuese un peligroso delincuente, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Nos gustaría vivir en esa sociedad?)

Un cacho de cultura

recibido del diputado frepasista (mc) Jorge Daffra.

Un cacho de cultura

Luego de estar unos años afuera, vuelvo para pasar las fiestas en familia.El taxista que me trae del aeropuerto me habla de los últimos ensayos de Saramago.Cansado, apenas escucho lo que me dice. Pero, alcanzo a ver por la ventanilla del auto, en las plazas las gentes concentradas leyendo libros. En los bares libros sobre las mesas, y los parroquianos leyendo. Avanzamos un poco más, y yo desconfiando de mi entereza, dado que estoy muy cansado, por el tiempo de viaje, pienso que no me siento bien.
Me incorporo, y trago a grandes sorbos el aire fresco para reponerme, y comenzar a ver la realidad y no los deseos soñados para población de mi ciudad. No lo consigo, al detenernos en un semáforo, un rubia en tacos altos con un anciano charlan animadamente: 'No, no....en Cortázar la fuerza de la lectura es centrípeta, mientras que en Borges es una lectura centrífuga que te impulsa hacia un saber enciclopédico', discuten.
No logro entender lo que sucede. Donde miro hay alguien absorto leyendo un libro.Me bajo del taxi. En la puerta de casa me están esperando. Antes de soltar las valijas pregunto qué es lo que está pasando.
-Ah......claro, no sabes nada. Fue hace seis meses....murió Tinelli.
(convengamos que no basta con que muera Tinelli, pero algo es algo)

LA BUSCAN HACE 6 DÍAS

LA BUSCAN HACE 6 DÍAS
Entregó a una chica de 15 años por unas zapatillas y una remera de Boca


Una madre denunció que su hija de 15 años fue raptada a cambio de 100 pesos por una red de trata de personas que operaría en la localidad misionera de Oberá.

El último jueves, Gabriela Benítez desapareció sin aviso. "A mi hija se la llevaron a la fuerza. Si no, hubiera llevado sus cosas, la ropa y el celular, por lo menos", aseguró Ester Aquino, su madre, en declaración al diario misionero El Territorio.

En un principio no le quisieron tomar la denuncia porque en la comisaría le dijeron que podría tratarse de una fuga de hogar. Cuando por fin pudo radicarla, también se comunicó con el 102 de Ayuda al Niño, que dispuso de una asistente social para el caso.

La hipótesis de Aquino es que su hija fue engañada por un chico de 15 años, amigo de la familia, quien habría actuado como entregador. "En la Policía no me dijeron nada de lo que declaró él, pero a la asistente social le contó que le dieron 100 pesos por entregar a Gabriela y que con esa plata se compró una camiseta de Boca y unas zapatillas", expresó.

Según las sospechas, los reclutadores de la menor serían una pareja de rosarinos, que primero se habría contactado con el padre del chico que la entregó. No descartan que a Gabriela la hayan llevado hasta esa ciudad santafesina.

PASO LENTO PARA ENFRENTAR AL BUITRE

PASO LENTO PARA ENFRENTAR AL BUITRE
El Gobierno negocia para aplazar la audiencia por los fondos embargados

El Gobierno quiere tiempo para elaborar una estrategia de defensa que permita levantar la inhibición dictada por un juez neoyorquino a los fondos de las AFJP invertidos en Estados Unidos. Al cierre de esta edición, los abogados que representan al país negociaban posponer la audiencia prevista para mañana. Del otro lado, los letrados de los fondos buitre –que aceptarían el aplazamiento– no bajan la guardia. “Argentina puede pagar su deuda si nacionaliza los fondos de pensión”, le dijo a Crítica de la Argentina Barry Ostrager, el abogado litigante.

Los fondos buitres son conscientes de que es casi imposible que prospere la demanda para que la justicia norteamericana congele los fondos de las AFJP en el exterior y acepte que sean tomados como parte de pago de los bonistas que quedaron fuera del canje de deuda (holdouts).

Descuentan que si los abogados del Estado argentino argumentan que los activos inhibidos son de los jubilados, bajo la administración de las AFJP, es muy probable que el juez Thomas Griesa levante su medida precautoria. Acto seguido, las administradoras podrían repatriar las inversiones en Estados Unidos y caso cerrado.

Sin embargo, el pronunciamiento del magistrado ya es una victoria para los buitres, dan a entender sus abogados. “Se buscó asustar a la Argentina por si esos activos son nacionalizados”, explican en un estudio de abogados de bonistas que quedaron afuera del canje de deuda (holdouts) y ahora van por la revancha.

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CRÍMENES EN LA CUEVA Y LA MANSIÓN SERÉ

Tres militares acusados de secuestrar, torturar y desaparecer personas en los centros clandestinos Mansión Seré y La Cueva escucharán hoy su sentencia. Aunque días atrás la Corte Suprema ordenó que las lecturas de los fallos sean difundidas por radio y televisión, el Tribunal Oral 5 tendrá el control de las imágenes ya que sólo permitirá el ingreso de una cámara: la de la Justicia. Los fotógrafos tampoco podrán ingresar con sus equipos a retratar a los acusados.

A diferencia del resto del proceso que sentó al banquillo al ex teniente coronel Alberto Barda y a los ex brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, la decisión del tribunal presidido por Guillermo Gordo podrá ser vista hoy por millones de argentinos. Probablemente al momento de la sentencia, tal como ya ocurrido en otras ocasiones, la cámara del circuito cerrado reproduzca la imagen del juez leyendo el fallo y no de los rostros de los represores cuando reciban la condena.

“Reclamamos a los jueces que apliquen la Convención Internacional de Prevención del Delito de Genocidio y se condene a los tres represores por lo que son: genocidas. Además, pedimos que cumplan sus penas en una cárcel común”, subrayó Liliana Mazea, de Justicia Ya!

Durante sus alegatos, los querellantes y el fiscal Félix Crous solicitaron la prisión perpetua para Barda y una pena de 25 años para Comes. En cuanto a Mariani, los pedidos no coincidieron. Los abogados de la querella reclamaron una condena a 50 años, mientras que la fiscalía pidió 25.

Mariani y Comes son los primeros miembros de la Fuerza Aérea en llegar a juicio oral. Están acusados por su responsabilidad en la subzona 16 de la que dependía Mansión Seré. Mariani será juzgado por la desaparición de Jorge Brit y los secuestros y torturas contra otras siete personas. Mientras que a su sucesor, el brigadier Comes, se lo acusa de siete casos de secuestros y torturas.

El ex teniente coronel Barda tiene 80 años y hace 32 fue jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata y del centro clandestino La Cueva. Está acusado por tres casos de secuestros y torturas, y por los homicidios de Analía Magliaro y del abogado Roberto Candeloro.

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CRITICA DIGITAL

debate por la inseguridad: el juez zaffaroni le responde al presidente

“Kirchner se equivoca mal”

El integrante de la Corte Suprema responsabiliza a los políticos por decir lo que quiere escuchar la gente y dice que los medios también tienen su parte por informar “pésimamente”.

“Kirchner se equivoca políticamente. Se equivoca mal”, afirmó el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni. De esa manera le respondió al presidente Néstor Kirchner, quien mandó a los jueces garantistas a ponerse los pantalones largos porque liberan a delincuentes que vuelven a cometer delitos. El magistrado cuestionó a los medios porque “informan pésimo” y criticó a los que piden mano dura: “Hay hipócritas que pretenden que se encierre a todo el mundo y que los jueces se conviertan en verdugos de los pobres y excluidos. Piden que se condene a niños para meterlos en cárceles donde sean violados y de las que salgan como psicópatas asesinos”, le dijo Zaffaroni a Crítica de la Argentina.

La arremetida kirchnerista contra los jueces garantistas sumó otro capítulo. El jueves, en un acto del PJ en Florencio Varela, Kirchner criticó a la Justicia y citó una frase de su esposa Cristina, quien había dicho que “la policía detiene y la Justicia libera y libera”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, también cuestionó a los tribunales con “puerta giratoria”.

Zaffaroni es el primer integrante del máximo tribunal del país en polemizar con el Presidente sobre la inseguridad.

–¿Qué opina de lo que dijo Kirchner con respecto a los jueces?

–Kirchner es el presidente de un partido político y dijo lo que suele decir un político, o sea que siguió el discurso político dominante, conforme al discurso único de medios, del que los políticos consideran que no pueden apartarse porque pierden votos.

–¿Pero no implica esto una intromisión en el Poder Judicial?

–No lo creo, porque no se refiere a ningún caso en particular, pero si lo fuera, es claro que tanto Kirchner como los otros políticos son instigados –si no prácticamente coaccionados– a hacerlo por los medios de comunicación, que son los primeros que se entrometen en el Poder Judicial expandiendo un discurso demagógico y vindicativo que proviene de las ahora agónicas administraciones republicanas de los Estados Unidos: si hay homicidios es porque los jueces no encierran a más gente.

–¿Kirchner se equivoca o miente al reclamarles a los jueces?

–Se equivoca, se equivoca políticamente, pero no es el único, y se equivoca mal, porque al margen de cualquier juicio político a su respecto, nadie puede negar que no es responsable de los males que hoy se pagan con un alto costo social.

–Pero gobernó el país durante cuatro años y ahora lo hace su esposa.

–Sí, en esos cuatro años no se causaron esos males, por el contrario, por él o por lo que sea, no abro juicio, esos males en alguna medida, grande o pequeña, tampoco lo juzgo, se revirtieron. Las consecuencias sociales de una catástrofe no se remontan con el repunte de la economía, hay daños que cuestan una generación para repararse. Estamos pagando costos y es significativo que quienes hace diez años impulsaban el desastre hoy impulsen campañas a favor de la represión y pretendan estigmatizar a los jueces.

–¿Y los políticos no tienen responsabilidad?

–Claro que la tienen. La política tiene una enorme función formadora en la sociedad que nunca debería abandonar. Esa función se pierde cuando sólo se limitan a decir lo que les parece que le gusta oír a la gente, porque cabalga el discurso mediático vindicativo o porque con eso creen descargarse en otros.

–¿Por qué cree que se vuelve a pedir mano dura?

–En la década pasada casi se destruyó el país, se gestó una exclusión social sin precedentes, se retrocedió en salud y en educación, se descuidaron los planes sociales y se desarmó el trabajo, el empleo, se perdieron hábitos laborales, se llenó de armas como nunca antes el país, nos quedamos sin dinero ni sistema financiero, se bloquearon los ahorros de la gente y otras barbaridades más. Sólo un tonto podría creer que eso puede ser gratuito, que no tenga un costo social en violencia. Lamentablemente, hay tontos incrédulos, pero lo grave es que también hay hipócritas que ahora piden que todo el presupuesto se invierta en cárceles.

–¿Aumentaron los homicidios?

–Es posible, pero a ciencia cierta nadie lo sabe bien porque no tenemos investigaciones dedicadas a la prevención. Parece que a nadie le interesa prevenir porque nadie invierte en investigación. En un conglomerado urbano de más de diez millones de personas siempre habrá homicidios.

–¿Hubo un recrudecimiento de la inseguridad o es una sensación térmica, como dijeron algunos funcionarios?

–No, hay violencia, siempre la hubo, quizá haya algo más, pero no confundamos los niveles discursivos. Los medios bombardean todo el día con noticias rojas, que nunca faltarán, por desgracia, porque no hay sociedad en la que no haya homicidios y violencia. Las noticias son ciertas, pero no sabemos qué pasa, si aumenta, cuál violencia aumenta, cuál baja, qué homicidios son los que aumentan o los que bajan, si son intrafamiliares, entre desconocidos, entre conocidos, con ocasión de robo, por qué motivos, quiénes son las víctimas, cuáles son las condiciones de victimización, qué momentos y circunstancias son los de mayor riesgo y cuáles los medios. En cuanto a la sensación térmica, existe siempre: desafío a cualquiera a que revise todos los diarios del siglo pasado en cualquier hemeroteca y verá que invariablemente se denuncia por lo menos una vez en la semana el aumento de la criminalidad a lo largo de los últimos cien años, salvo en los períodos dictatoriales. Si eso hubiese sido cierto a lo largo de cien años, estaríamos todos muertos. Y era cierto que había homicidios y asesinos, incluso múltiples, como Mateo Banks y Cayetano Santos Godino. En las dictaduras eso no se dice porque la dictadura no puede permitir que los medios proyecten una sensación de inseguridad, sólo pueden proyectar la seguridad del orden de cementerio que pretenden imponer y la censura opera en ese sentido.

–¿Cree que los medios comunican mal?

–Mal no, en general lo hacen pésimamente. Cuando un medio informa que “un juez condenó a prisión preventiva”, que absolvió a un detenido “otorgándole la excarcelación” o disparates semejantes, ¿qué está comunicando? ¡Cualquier cosa! Si los medios pusiesen un mínimo de cuidado no aparecerían semejantes disparates. Confunden excarcelaciones con absoluciones, prisiones preventivas con condenas, ridiculizan garantías que si se desconociesen nos sumirían en un estado policial que nadie toleraría.

–¿Se habla sobre inseguridad sin saber del tema?

–Todo el mundo habla de fútbol, pero no veo que le den la cámara a cualquiera; allí proceden con periodistas especializados, con técnicos y jugadores. En materia de seguridad, de justicia penal y de delito habla cualquiera como si fuese el mejor criminólogo del planeta.

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criticadigital

SILENCIO, habla la BESTIA: ANIBAL FERNANDEZ!!!

"Al mequetrefe le pagaron para que acuse a Cristina". Esa es la postura que sostiene el Gobierno nacional para defenderse de las acusaciones de Guido Antonini Wilson, que el lunes ratificó que los casi 800 mil dólares que intentó ingresar ilegalmente al país eran para la campaña presidencial de Cristina Fernandez.

El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a calificar al venezolano de "mequetrefe" y que Antonini reiteró esa versión porque "alguien le dio dinero" para hacer esa declaración.

“La maleta no era mía, ni yo sabía que la maleta existía. Yo ayudé en un gesto de caballerosidad, ayudé a cargarla, como cargué otras maletas, pero no era mía”, afirmó Wilson a la cadena CNN. Según el valijero, cuando arribó al aeropuerto no sabía el destino final del dinero. “Me lo dijeron verbalmente a lo largo de la investigación, pero en el transcurso del viaje en el avión yo no lo sabía” . “Por supuesto, y ya contraté un abogado que me va a defender. No sé cuándo viajaré allá, pero enfrentaré la Justicia allá, claro”.

El ministro también se mostró totalmente convencido de que Antonini "no va a venir nunca a declarar" por la causa que tiene abierta aquí por intento de contrabando de dinero. En declaraciones a un canal de noticias de cable, Fernández mantuvo la tesis inicial del propio Antonini: la plata de la valija era suya.

SI!!! ERAN PARA CRISTINA LOS 800 MIL ....

ANTONINI:

¿Cree usted que se cierra el caso con este veredicto?

–Creo que se cierra el caso, que salió la verdad.

–¿Quién llevaba esa maleta en el Aeroparque Jorge Newbery?

–Bueno, la maleta no era mía, ni yo sabía que la maleta existía. Yo ayudé en un gesto de caballerosidad, ayudé a cargarla, como cargué otras maletas, pero no era mía.

–¿Cree que usted pueda ir a la Argentina a enfrentar a la Justicia?

–Bueno, yo voy a enfrentar la justicia argentina, por supuesto, y ya contraté un abogado que me va a defender. No sé cuándo viajaré allá, pero enfrentaré la Justicia allá, claro. Contraté un abogado en Argentina.

–¿Cómo justifica que usted estaba en el avión y que había una maleta con dinero que supuestamente podía ser para la campaña de Cristina Kirchner?

–Bueno, sobre eso me enteré a lo largo de todo el caso. Yo fui invitado, iba a tratar de vender un contrato de tubería de gas.

–En la Argentina hay versiones de que lo vieron a usted en la Casa Rosada, ¿usted estuvo o no estuvo allí?

–Sí, sí estuve, estuve el día lunes en la Casa Rosada. No dialogué con autoridades argentinas. No dialogué con ellos, pero hablé con personeros venezolanos y luego fuimos a una cena.

–¿Por qué estaba usted ahí?

–Bueno, yo estaba muy sorprendido... nunca había estado en la Casa Rosada ni nada que se le parezca. Yo entré de una manera muy fácil, la persona que me llevó, Victoria Bereziuk, entró por todas las puertas con una facilidad increíble. Yo estaba muy impresionado.

–¿Es cierto que autoridades argentinas le dijeron que no tenía nada de qué preocuparse?

–Sí, eso es cierto. Me lo dijo Claudio Uberti el día después de los sucedido en el aeroparque. Sabía del dinero pero no sabía para qué era, eso lo aprendí después, rápidamente.

–¿Teme que confisquen sus propiedades en Venezuela? ¿Teme por su seguridad?

–Por supuesto que siempre hay una preocupación tratándose de una agencia de seguridad de otro país, pero todo ha sido tan... tan... tanto. Que sí, claro que estoy preocupado.

–¿Qué tipo de garantías le ha ofrecido Estados Unidos?

–(Balbucea) Bueno... no, no me han ofrecido nada, cuando estaba en Miami, durante el juicio, me decían que no me preocupara, pero no me han ofrecido nada.

–¿Cuándo su abogado en Argentina tendrá los papeles listos para que usted viaje?

–No, no lo sé.

–¿Quién subió la maleta al avión?

–Aprendí que fue un empleado de PDVSA, Reiter Ramírez creo que se llama, es todo lo que aprendí a lo largo de la investigación.

–¿De quién era el dinero?

–De PDVSA , de Venezuela.

–¿A quién iba dirigido?

–Iba para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Me lo dijeron verbalmente a lo largo de la investigación, pero en el transcurso del viaje en el avión yo no lo sabía.

–¿Quién le dijo a usted que ese dinero era para la campaña de Cristina Kichner?

–Me lo dijeron las personas que se acercaron a mí y que están hoy día condenadas en el juicio.

kristina sueña con el 80 % y la inexistencia de la oposicion.

Mientras Elisa Carrió se desvive por convertir a la Coalición Cívica que dirige como bastión anti K, una encuesta realizada por Ibarómetro en la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano arrojó que casi el 80% de la población cree que la oposición "es débil" o "no existe", mientras que el 62% prefiere que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúe al frente del Ejecutivo nacional.

Sobre la oposición política en la Argentina, el 42% de los consultados consideró que es "débil", y el otro 36,6% evaluó directamente que "no existe". Sólo un 21,4% se mostró de acuerdo con el papel de los dirigentes opuestos al oficialismo.

En el informe, realizado a fines de septiembre en base a las respuestas de 1000 personas, destaca al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, como el "principal referente político" para liderar a la oposición, seguido por el vicepresidente Julio Cobos con un 14,6% y la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, con un 12,4 por ciento.

Por su parte, el vicepresidente Cobos fue visto como el político "con mejor imagen", aunque considerado "parte del gobierno nacional".

Para las elecciones del próximo año, el ex presidente Néstor Kirchner emergió como el candidato preferido a diputado bonaerense con el 21% de las preferencias. Abajo quedó el diputado Francisco De Narváez, con un 11,5%, seguido por el jefe de gabinete, Sergio Massa, con un 10,4 por ciento.

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El progresismo judicial está furioso con los Kirchner

El ex presidente Néstor Kirchner los mandó a ponerse pantalones largos y Cristina los responsabilizó por liberar a delincuentes que vuelven a cometer delitos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dijo que la Justicia no debe convertirse en una “puerta giratoria”. Ahora fue el turno del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, quien les pidió con tono enérgico: “Cumplan con la ley, ni con mano dura ni blanda”. Los jueces y los camaristas reaccionaron ante la arremetida contra la justicia garantista. “Quizá los legisladores son los que tienen que ponerse los pantalones largos”, respondió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires se metió de lleno en los discursos oficiales. Hace una semana, el gobernador Daniel Scioli propuso bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. El martes 28, la presidenta Cristina Kirchner criticó al Poder Judicial: “La Policía detiene y la Justicia libera y libera”. El jueves, durante un acto del PJ en Florencio Varela, su esposo Néstor redobló la apuesta: “La Justicia se tiene que poner los pantalones largos”. En un acto por la semana de la Policía Federal, Aníbal Fernández dijo que “hay delincuentes que entran por una puerta y salen por otra”.

Crítica de la Argentina consultó a doce jueces y camaristas. Otros 10 magistrados no quisieron polemizar con el Gobierno por temor a represalias o para no politizar el debate. “Si opino en contra de K, me van a recusar”, admitió un camarista. La Federación Argentina de la Magistratura y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Buenos Aires le respondieron a Kirchner con un comunicado: “Razonamientos simplificadores sostienen que el problema de la inseguridad radica en que los jueces liberan a los delincuentes. En este país costó muchos años, muchas vidas y mucho dolor conquistar la vigencia de garantías mínimas”.

“La inseguridad no es culpa de los jueces. Nosotros no creamos las leyes. Es como echarle la culpa de la enfermedad a los médicos”, dijo el titular del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Lami.

“Los pantalones largos no me los quiero poner porque soy adulta y mujer. Si me los pongo, es por elección, no por imposición. No estoy de acuerdo con que seamos los jueces los que generamos inseguridad. Hay un Estado ausente que se asombra cuando ve el producto, pero cuando la fábrica está en marcha no hace nada por frenarla”, sostuvo María Cristina Camiña, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 18 de Capital Federal y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina.

“Es hora que el país se ponga los pantalones largos. Tiene que haber una Justicia independiente y ojalá que la Corte Suprema sea lo suficientemente proba como para juzgar a este Gobierno en los actos que hagan mal. Tengo piernas largas y uso pantalones a medida”, ironizó el juez de Garantías de La Plata César Melazzo.

El juez federal de Mar del Plata Roberto Falcone también criticó el discurso kirchnerista, pese a que integra la comisión que analiza despenalizar la tenencia de droga, proyecto fogoneado por el Gobierno. “Estoy de acuerdo con la política de derechos humanos del ex presidente, pero no comparto en absoluto lo que dijo respecto de los jueces. Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir que un hombre muera o sea privado de su libertad cuando no existen pruebas. Es hora de que se entienda que un imputado es un ciudadano sometido a proceso y no un rebelde al que hay que aniquilar por traidor a la patria, como lo proponía Maggiore, exponente del fascismo italiano. Los problemas sociales se resuelven con políticas sociales y no mandando a la gente a los campos de concentración. Estos clamores de pedidos de seguridad es lo que Unamuno llamaba ‘los ríos de montaña’, que hacen ruido para esconder el poco caudal que tienen”.

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Arias, que en un reciente fallo resolvió que detener a menores por averiguación de identidad es inconstitucional, también respondió: “El ex presidente se equivoca o todos los jueces somos tontos. No puede meternos a todos en la misma bolsa. Siempre que hay fracasos en las políticas de seguridad se traslada la culpa a los jueces. La mano dura fracasó. Es inmoral que en un país que venía creciendo a un gran ritmo no se hayan implementado programas suficientes para atender las secuelas sociales de estas políticas que se aplican desde hace 30 años. Algunos políticos aprovechan el humor social y obtienen rédito criticando a la Justicia”.

“Creo que está fallando el sistema en general. Cada uno debe cumplir la función que le compete sin criticar al resto. Si entre los tres poderes actuamos coordinadamente las cosas funcionarán mejor”, opinó el camarista Mario Filozof, presidente de la Cámara del Crimen porteña.

“Si los jueces no aplican la legislación, hay que removerlos. Si esto no es así entonces hay que revisar las leyes. Es cómodo caerles encima a los jueces y decir que son los culpables”, dijo el juez federal Canicoba Corral.

Para María Laura Garrigós de Rébori, integrante de la Sala V de la Cámara del Crimen, “el delincuente no comete delito por culpa del que lo liberó. El asunto es mucho más complejo y puede ser que el Estado no le esté ofreciendo nada y no le queda otra alternativa. No sólo es un problema de la Justicia”.

“Si la gente está descontenta con la Justicia, hay que escuchar mejor y ver por dónde el Poder Judicial hace agua. Creo más en una Justicia cercana a la gente y mirando a nuestro pueblo que en la apoltronada y ciega justicia de etiqueta. La solución no es bajar la edad de imputabilidad”, opinó la jueza de Garantías de Menores Nº 1 de Moreno y General Rodríguez, Mirta Guarino. El juez federal de Morón Juan Pablo Salas expresó: “Los jueces también estamos preocupados por la inseguridad. Los que trabajamos denodadamente no tenemos que darnos por aludidos. Que cada uno se ponga el sayo que le quepa”.

“Hay que debatir la posibilidad de cambiar la legislación. Hay modelos a nivel internacional que son exitosos, como el juicio por jurado en casos graves”, dijo el presidente del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez.

El juez en lo Criminal y Correccional de La Rioja, Manuel Arce Nendilaharzu, cuestionó la opinión de Kirchner: “Los jueces somos esclavos de la ley y no de los políticos de turno. La Justicia es el refugio de toda sociedad civilizada. La única forma en que el ciudadano puede conservar sus derechos es con magistrados probos e independientes del poder político”.

La Policía Federal dice que incorporó 7.000 efectivos

El jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Valleca, dijo que en los últimos cuatro años se incrementó en 7 mil hombres el número de efectivos destinados específicamente a reforzar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. “Dando una respuesta concreta al requerimiento de la ciudadanía en los últimos cuatro años, logramos incrementar en aproximadamente 7 mil hombres la cantidad de efectivos policiales, recuperando paulatinamente la planta histórica que había sufrido una incomprensible disminución en las últimas décadas”, afirmó Vallecas. Dijo también que además se han incorporado “mil patrulleros” y que se pondrán “en servicio, de manera paulatina, cuatro helicópteros, dos de ellos de última generación”. “Seguimos avanzado en el programa de incorporación para que haya una mayor cantidad de policías en las calles de la ciudad”, añadió el jefe de la Federal. Vallecas habló en la ceremonia que se realizó en la escuela de cadetes Comisario Ramón L. Falcón, ubicada en Villa Lugano, donde se hizo una ceremonia por la denominada Semana de la Policía Federal, durante la cual se entregaron distintinciones al personal y se recordó a los policías caídos en actos de servicio durante el año último.

arqueologia y sociedad

El MAA tiene en agrado de invitar a Ud. a la

PRESENTACIÓN

de la revista ARQUEOLOGÍA Y SOCIEDAD No. 18 y que será
comentada por el Dr. Rafael Vega-Centeno.

20 de agosto de 2008 / 6: 00 p.m.
Salón de Recepciones del Centro Cultural de San Marcos
La Casona del Parque Universitario

Asimismo, ese mismo día Ud. podrá adquirir cualquiera de nuestras
publicaciones anteriores con un descuento del 50% de precio normal de venta

INGRESO LIBRE

Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos
Centro Cultural de San Marcos
Av. Nicolás de Piérola Nº 1222 - Parque Universitario
Tel. 6197000 Anx. 5216
www.ccsm-unmsm.edu.pe/arqueologia/index.htm
museoarql.ccsm@unmsm.edu.pe

MUJER VIOLENCIA

MUJER VIOLENCIA: ARGENTINA No se instrumenta un plan de acción contra la violencia Es 'too much': ¿Por qué Cristina no instrumenta un plan de acción contra la violencia de género? Por Haydeè Dessal especial para Villa Crespo Digital 14 de agosto del 2008 El caso de la mujer tucumana asesinada por su marido a quien había denunciado por maltrato, incluso ante las cámaras de televisión vuelve a poner la lupa sobre la problemática de la violencia de género, que en Argentina registra cifras alarmantes según Amnistía Internacional. Cabe preguntarse porqué la Presidente de la Nación que utiliza la cuestión de género como su caballito de batalla, no la utiliza esta vez de manera verdaderamente útil e instrumenta un plan de acción para que no sigan muriendo mujeres en manos de sus maridos. La entrega secreta de planes sociales encubre el abuso sexual La mujer que ayer fue asesinada por su concubino, quien luego se suicidó, había realizado numerosas denuncias por amenazas ante la Policía y a la Justicia, y llegó a pedir ayuda para "no aparecer en la tapa de los diarios luego de ser descuartizada". Sin embargo no fue suficiente la muerte anuncida. El marido la estranguló tras lo cual, se suicidó de un disparo en el pecho. El caso de Tucumán reflota el drama de violencia doméstica o violencia de género. Amnistía Internacional denunció hace unos meses atrás que una mujer muere cada 2 días. Sin embargo, a 8 meses de tener como Presidente de la Nación a una mujer, que hace uso y abuso demagógico de la cuestión de género que la afecta, la Argentina continúa sin un plan de acción concreto. La entidad sostuvo que el Gobierno no tiene una política para prevenir la violencia de género, pese a que se registra un caso de agresión física cada 36 horas y un ataque sexual por día. El problema es global. Pero acá sorprende la inacción del Gobierno. “La Argentina tendría que darle más importancia al tema y tomar el combate a la violencia de género como un problema de Estado porque tiene compromisos a nivel internacional que tienen que cumplirse”, opina Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía en la Argentina al diario Critica de la Argentina. Y apunta: “Con la presidenta Fernández de Kirchner nunca se ha tenido un encuentro. En diferentes ocasiones se le ha solicitado llevar a cabo una reunión sobre la violencia contra las mujeres, pero no ha habido respuesta alguna. Lo único que se ha recibido es un acuse de recepción de los documentos. Nada más. Pero aún más importante es que no hay una respuesta efectiva y coordinada para las mujeres que están en peligro”. “Lo revelado por Amnistía Internacional alarma, pero no sorprende –evalúa la abogada Luciana Sánchez, del Colectivo para la Diversidad–, Cristina embiste con miopía femicida sobre los cuerpos de millones de mujeres pobres. La entrega secreta de planes sociales encubre el abuso sexual de los punteros barriales y municipales y no existe apoyo financiero para sostener a víctimas de violencia intrafamiliar fuera de las relaciones violentas". Amnistía empezó a ocuparse de la violencia hacia las mujeres como una violación a los derechos humanos y comprobó que se produce más de un caso de violencia física (golpes o asesinatos) cada 36 horas. No es todo. Hay un caso de violencia sexual (violaciones, abusos o asesinatos posviolación) por día. Pero el peligro para las mujeres no está sólo en la desolación de una calle oscura. Las cifras son –apenas– un esbozo del problema real ya que son las notificaciones o denuncias (policiales, judiciales o sociales) que llegan a ser publicadas por los medios de comunicación (nacionales y provinciales) y no todas las que se producen. El relevamiento dimensiona el problema que, además, es aun mayor si se tiene en cuenta que la violencia machista afecta más a las mujeres que la delincuencia común. En un estudio realizado a partir de datos de la Policía Bonaerense en el libro Femicidio e impunidad, se mostró que el mayor riesgo para una mujer está de la puerta para adentro (y no para afuera). El 83% de los crímenes femeninos fue calificado de femicidio (cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer, por ejemplo, por despecho de su ex marido o para lograr violarla) y en el 68% de los casos las víctimas fueron asesinadas por su pareja, ex pareja, novio o amante.

NOTA AL MINISTERIO DE JUSTICIA

ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS Filial San Luis

Domicilio 9 de Julio 333 Dto 14 - tel.: (02652) 425002 – 424156 - 423379.

A 32 años del golpe militar

30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes!

San Luis, 13 de Agosto de 2008

Al Sr. Secretario de Derechos Humanos

Ministro de Justicia, Seguridad y DDHH

Dr. Luis Eduardo Duhalde

S / D

De nuestra Mayor Consideración:

Lilian Videla, en su carácter de Presidente de la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS SAN LUIS (Filial San Luis) y los demás miembros de esa organización, tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Secretario a los efectos de acompañar nota enviada al Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, señalando nuestra preocupación por la reciente Resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal, que el próximo pasado 12 de Agosto de 2008 concedió la detención domiciliaria al interno procesado ex Comisario Víctor David Becerra, quien se encuentra acusado como co-autor de los delitos apuntados en párrafo precedente.-

Esperando contar con vuestro apoyo y colaboración, le saludamos con atenta consideración.

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ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS Filial San Luis

Domicilio 9 de Julio 333 Dto 14 - tel.: (02652) 425002 – 424156 - 423379.

A 32 años del golpe militar

30.000 detenidos desaparecidos ¡Presentes!

San Luis, 13 de Agosto de 2008

Al Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y DDHH

Dr. ANIBAL D. FERNANDEZ

S / D

De nuestra Mayor Consideración:

Lilian Videla, en su carácter de Presidente de la ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS SAN LUIS (Filial San Luis) y los demás miembros de esa organización, tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Ministro a los efectos de hacerle conocer la siguiente situación:

La APDH (Filial San Luis), conjuntamente con los familiares de víctimas de la dictadura militar, nos encontramos interviniendo como querellantes en las causas que tramitan ante la Justicia Federal local en las que se están investigando las torturas, homicidios y desapariciones de personas, ocurridas durante aquella nefasta etapa.

Así, probablemente en el mes de Septiembre del corriente año el Tribunal Oral Federal de San Luis se comenzará con el juicio oral de la primer causa donde se juzgara la responsabilidad penal de los militares y policías procesados detenidos por la perpetración de los delitos de lesa humanidad en San Luis, de privación ilegítima de la libertad, asesinato, desaparición forzada, y aplicación de torturas de los jóvenes Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma y Santana Alcaraz, ocurridos en el año 1976 durante la dictadura genocida en San Luis.

A pesar de nuestra férrea oposición y no obstante estar en las vísperas de la realización de tan esperado Juicio, la Cámara Nacional de Casación Penal el próximo pasado 12 de Agosto de 2008 concedió la detención domiciliaria al interno procesado ex Comisario Víctor David Becerra, quien se encuentra acusado como co-autor de los delitos apuntados en párrafo precedente.-

Así, una vez más el Tribunal de Casación demuestra que no acompaña el reclamo de Justicia que demanda la sociedad y las víctimas pues a la demora en la resolución de planteos que atrasan las realizaciones de los juicios a los genocidas, se suman circunstancias como estas que plasman su reticencia para buscar la verdad y justicia.

La fuga, del represor JULIAN OSCAR CORRES producida días pasados en Bahía Blanca pone una vez más en evidencia que cuando sostenemos vehementemente que estas personas tienen que esperar la realización de los juicios detenidos en penitenciarías como cualquier otra persona, es porque es evidente que tratarán de evitar a toda costa llegar al juicio, de manera que no pueden ser favorecidos con medidas como la detención domiciliaria, que solo debe otorgarse cuando no hubiera peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento del juicio.

Esta circunstancia ha causado profunda preocupación en todos nosotros, al mismo tiempo que un justificado temor tanto a nivel personal, por parte de los familiares directos de las víctimas que han sufrido amenazas de muerte directas de esta persona, como por la posibilidad cierta de que el mismo eluda la actuación de la Justicia, toda vez que no existen garantías suficientes en el orden local para asegurar que no se concrete algún accionar que frustre definitivamente aquel cometido.

Ello por cuanto no podemos dejar de considerar que el Ministro de Seguridad del Gobierno Provincial, el Coronel RE Guillermo López, es un militar que estuvo comprometido en su actuación en Tucumán, en la etapa previa a desplegarse el Operativo Independencia, cuando ya se encontraban desplegando las acciones tendientes a aniquilar a quienes consideraban “oponentes”, conforme lo acaba de reconocer el represor Antonio Bussi en el Juicio en el que se lo está juzgando, al confirmar que con antelación al 24 de Marzo de 1976 se había iniciado el plan aniquilamiento.-

Dado el por demás conocido y probado corporativismo entre las fuerzas policiales y militares que actuaron mancomunadamente en el desarrollo del plan sistemático de aniquilamiento y desaparición de personas, y la actual función que detenta en el orden local aquel ex militar, es que le solicitamos al Sr. Ministro arbitre los medios que estuvieren a su alcance a fin de instar a las autoridades provinciales a garantizar la posible evasión de los sujetos acusados, como asimismo la seguridad e integridad física de los familiares de las víctimas, aún cuando algunos de ellos se encuentran bajo el régimen de protección de testigos que regula la ley.

Vale recordar en este punto que en función de la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos el Estado Nacional detenta el rol de garante del cumplimiento y resguardo de derechos y garantías consagrados en aquella frente a los organismos internacionales, por lo que debe asegurarse que los Estados Provinciales que integran el Estado Federal no vulneren por acción u omisión aquellos derechos y garantías, coadyuvando al aseguramiento de la administración de justicia debida.

Esperando contar con vuestro apoyo y colaboración del Ministerio, le saludamos con atenta consideración.

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A raíz de la “Masacre de Campana”

A raíz de la “Masacre de Campana”



SÓLO EL RACIONAL EJERCICIO DE LA JURIDICIDAD,

NOS ASEGURARÁ LA JUSTICIA



La execrable matanza de los cuatro miembros de la familia Mansilla –crímenes horrendos, merecedores del generalizado repudio social- y la pretensión política y mediática de vincularlo causalmente al desempeño de la magistratura judicial, impulsa a La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires a expresar que:



1. El adecuado ejercicio de la función pública conlleva, entre otras condiciones, la emisión reflexiva, prudente y desinteresada de opiniones e intenciones. De otro modo, éstas -por la vertiente de la que proceden- podrían desembocar en un incontenible estado de desasosiego en el ánimo social, distante de las causas y razones que animan, diferenciadamente, a la ciencia jurídica y a la gestión política en sus respectivas áreas de incumbencia, cuando determinan actos según la distinta tarea que cumplen y la diversa finalidad que cada una persigue.

En este marco, acudir a publicitados juzgamientos políticos -que podrían concluir con la destitución de magistrados que no han cometido actos de corrupción; que no han incurrido en conductas venales, ni contrarias a la ley, a la Constitución Nacional o Provincial, a los Pactos Internacionales de DD.HH., ni a la jurisprudencia reciente de los superiores tribunales de justicia nacional y provincial- aparecen como una reacción exasperada, que debería buscar y hallar adecuados límites contentivos.



2. Es indispensable aclarar que la prisión preventiva, en un régimen jurídico respetuoso de la presunción de inocencia, sólo tiene el fin de neutralizar los peligros procesales derivados del entorpecimiento probatorio o la fuga del imputado, procurando garantizar el normal desarrollo del juicio penal. En cambio, no está entre las metas de las medidas cautelares la evitación de delitos, cometido específico de la política criminal del estado, a través de sus agencias encargadas de garantizar la seguridad pública.

En el caso que particularmente nos ocupa, no corresponde construir una relación directa e inmediata entre un acto legalmente dispuesto y los delitos cometidos, tiempo después, por un procesado sometido a encierro domiciliario, mediando –como todo lo hace presumir- ineficacia o lenidad en la constatación de las condiciones del funcionamiento efectivo del consabido monitoreo electrónico, por parte de la autoridad de aplicación, es decir, del Servicio Penitenciario Bonaerense.



3. Por esta razón, resulta republicanamente intolerable que sobre la magistratura de un estado democrático de derecho penda la amenaza, latente y perenne, del juicio de destitución por el dictado de resoluciones judiciales que, en tanto no constituyan actos ilícitos o protervamente ilegales, sólo deberían ser revisadas –y en su caso, invalidadas o revocadas- por el tribunal superior competente. Ninguna resolución judicial es obra de un solo órgano, cabe precisarlo.

Muchos siglos y tragedias para la humanidad debieron transcurrir hasta llegar a comprender que el Poder Judicial –concretamente, las decisiones de los jueces que lo integramos- no debía depender de los restantes poderes estatales, pues no persigue la misma finalidad, ni debe estar sometido a persecución o sanciones por no satisfacer demandas sociales, que -en rigor- deben ser atendidas por quienes han llegado al gobierno a impulso de quienes las efectúan.



4. Resulta a todas luces inadmisible la explicitada pretensión de someter a un juicio de destitución, y al encarnizamiento social, a jueces del fuero penal por las resoluciones dictadas, en el ámbito estricto de sus atribuciones legales.

Además, el porfiado intento de perseguir a quienes no hemos sido designados para decidir de modo afín a los intereses de los restantes poderes públicos, constituye una grave afrenta institucional, al igual que el pretenso uso de esa metodología para condicionar el desempeño actual y futuro de jueces "indóciles", que no nos avenimos a confundir la aplicación de ley con reinvindicaciones "manoduristas", contrarias a los derechos fundamentales, entre los que destaca la presunción de inocencia.

Tampoco debería utilizarse el desgarrador sufrimiento de los familiares y allegados de las víctimas, ni la comprensible indignación popular, causados por la comisión de delitos aberrantes, como los de la denominada “Masacre de Campana”, para derivar de ellos –sin más- responsabilidades que, a modo de espiral, nos retrotraigan a sistemas jurídicos antiliberales.



5. Constituye una severa regresión todo aquel mensaje que tiende hacer creer a la sociedad que los jueces podemos ser responsables por los ilícitos que cada persona comete, cuando éstos sólo son manifestación de una decisión desviada por intrincados e inexpugnables mecanismos mentales, emocionales y psicológicos, sin desmedro del nocivo influjo de situaciones ambientales criminógenas.



6. Implica un peligroso reduccionismo, a la vez que una premisa falaz, el querer asentar en el seno social la errónea creencia que la dimensión e importancia de los crecientes niveles de violencia y delito se deben a un supuesto hacer, no hacer o dejar hacer de la magistratura judicial.

El impartir justicia en el fuero penal, lo mismo que el diseño de las políticas públicas para reducir la tasa de delitos, demanda de los distintos departamentos del estado bonaerense la selección de hombres y mujeres que desempeñen sus funciones con competencia, probidad, contracción al trabajo e independencia. Pero si no se planifican y ejecutan otras políticas complementarias para erradicar la pobreza, el analfabetismo y el desempleo, ni se internaliza como aspecto central de la actividad del gobierno la inclusión de los marginados en el tejido social y productivo, difícilmente podrá disminuirse la magnitud y reproducción de la violencia delincuencial, desde que no existe mejor política criminal que la justicia social.

Frente a hechos estremecedores que convulsionan la vida nacional, como el que ahora nos ocupa, de nada sirven las medidas precipitadas, ni la búsqueda febril de chivos expiatorios para calmar el clamor popular y/o para relativizar la indolencia de los controles penitenciarios, pues sólo el racional ejercicio de la juridicidad nos asegurará la justicia.



Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires. La Plata, agosto de 2008.